El ministro de Justicia, Germán Garavano, impulsará un paquete de reformas para mejorar el servicio de Justicia y así combatir el crimen organizado. Según explicaron desde la cartera judicial, la iniciativa busca "construir una justicia cercana, moderna, transparente e independiente".
La idea de reformar el sistema judicial surgió cuando el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) presentó la Agenda de la Justicia Argentina para el período 2015-2020, donde el actual ministro de Justicia, Germán Garavano, participó activamente como director del proyecto.
La iniciativa original contiene siete ejes de acción, desplegados en una serie de propuestas entre las que se destacan la reforma del Consejo de la Magistratura y la ley del Ministerio Público Fiscal. Además, el documento describe "los núcleos problemáticos del Estado de derecho y la justicia argentina en la actualidad, enfocando los problemas principales para el imperio de la ley y la eficacia del sistema judicial".
Así, el objetivo de Justicia 2020 es "la elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas para construir junto a la sociedad una justicia que genere resultados relevantes y permita la solución de los conflictos en forma rápida y confiable". Según la cartera de Justicia, se busca promover "una transformación integral de las instituciones, a través de un proceso de participación de referentes del ámbito de la justicia, profesionales, ONG, expertos, legisladores, y todos los que deseen aportar a la construcción de un mejor servicio público".
Partiendo de dicho documento, el Gobierno enviará al Congreso un paquete de leyes para reformar la justicia federal, crear equipos de magistrados contra el crimen organizado y nombrar jueces federales penales en el interior. El ministro de Justicia, Germán Garavano explicó que el plan es "un espacio de diálogo institucional y ciudadano".
Ricardo Gil Lavedra será en encargado de la coordinación general. “El corazón de la democracia es el Estado de derecho, que sólo puede existir si hay una justicia que funciona. Estamos frente a una oportunidad única de lograr una transformación verdadera de la justicia argentina, a través de una reforma pensada para el habitante", destacó Gil Lavedra.
Dentro de las iniciativas, Garavano busca crear un equipo de jueces contra el crimen organizado para ayudar a los tribunales federales del interior del país y así obtener resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico y los delitos complejos. De igual forma, se proyectará transformar tribunales orales comunes en tribunales federales.
En el eje penal, se promoverá la implementación del sistema acusatorio y la oralidad efectiva en los procesos penales a nivel nacional y provincial. Además, el Ministerio impulsará un proyecto de reforma del Código Penal, la trasferencia del fuero nacional penal a la Ciudad de Buenos Aires, la Ley penal Juvenil, la Ley de Policía Judicial y la generalización del juicio inmediato para casos de flagancia.
"Los juzgados federales son pocos y tienen múltiples competencias, lo que genera que los jueces tengan varias unidades de trabajo que no se pueden enfocar en la cuestión penal a partir del crecimiento del narcotráfico", afirmó el ministro. Como parte de las reformas, el Gobierno impulsará nuevas medidas de prueba contra el crimen organizado tales como “la vigilancia electrónica, testigos de identidad reservada, entrega vigilada y ley del arrepentido”.
En el área civil, Garavano manifestó que se trabajará "en un nuevo procedimiento civil y comercial basado en los principios de oralidad efectiva, celeridad y trasparencia y, además se impulsarán proyectos de justicia vecinal o de baja cuantía a nivel federal y provincial".
La reforma de la estructura del Ministerio Público es otra pieza clave en el proyecto. Así, se planea modificar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa para asegurar “una correcta selección y capacitación de los fiscales y defensores, adecuada a su rol y garantizando su independencia”.
Asimismo, el paquete de leyes busca generar “cambios estructurales para lograr una mayor eficacia en la investigación y persecución penal de los ilícitos”. No obstante, en los próximos meses, el Ministerio de Justicia proyectará la reforma del Código Procesal Penal y su implementación, una nueva Ley de Subrogancias, la implementación del legajo digital, la adopción de protocolos de atención a grupos vulnerables y el rediseño de las oficinas judiciales.
También se impulsará la eliminación de las ferias judiciales junto al cambio de horarios de trabajo y de atención al público. “Los horarios son exiguos (6 horas) e inconvenientes para quienes deben asistir a los tribunales. Las anacrónicas ferias de enero y julio detienen el trabajo judicial durante 45 días”, indicó el documento presentado por la organización Fores.
En cuanto a la reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación, Garavano indicó que "vamos a proponer un esquema de equilibrios muy apegado al texto Constitucional", y agregó: "Queremos que una discusión profunda en el Congreso, ya que se necesitan consensos muy amplios".
"Queremos que los consejeros tengan una dedicación de tiempo completo, es decir que el que es consejero sea solamente consejero. Hoy tenemos gran cantidad de concursos en trámite, por ejemplo, el proyecto de desdoblar los juzgados del interior requiere llevar adelante muchos concursos. No podemos tener un 30 por ciento de jueces subrogantes", concluyó.