Horas antes de que se conozca la sentencia en el Jury de Enjuiciamiento contra el juez Néstor Montezanti, el Poder Ejecutivo de la Nación aceptó su renuncia a través del Boletín Oficial. Diversos organismos solicitaron que “continúe el proceso y sea debidamente destituido”. Los argumentos de la acusación y las críticas al procedimiento.
El juez suspendido en el cargo y sometido a un juicio de destitución, Néstor Montezanti presentó formalmente su renuncia. Mediante el decreto 427/2016, el Gobierno oficializó su renuncia al cargo de vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. El decreto lleva la firma del presidente de la Nación, Mauricio Macri y el ministro de Justicia, Germán Garavano.
Tras conocerse la noticia, diferentes organismos defensores de los Derechos Humanos solicitaron que “continúe el juicio político y sea debidamente destituido”, y explicaron que “aceptar ahora la renuncia de Montezanti equivale a abrirle una puerta para que vuelva a escapar de la sentencia condenatoria”.
El Reglamento Procesal del Jurado de Enjuiciamiento establece que “en caso de producirse la renuncia del magistrado durante la sustanciación del proceso, concluirá el procedimiento y se archivarán las actuaciones, una vez que aquélla haya sido aceptada por el Presidente de la República. La misma resolución se adoptará en el supuesto de fallecimiento del juez”.
Camino al jury
Meses atrás, el Consejo de la Magistratura resolvió la apertura del procedimiento de remoción, suspensión y acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación contra el camarista por “presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”.
El órgano constitucional a cargo del juzgamiento de jueces estuvo integrado por los magistrados Miguel Ángel Caminos y Osvaldo Paulucci, las senadoras Silvia Beatriz Elías de Pérez y Sigrid Elisabeth Kunath, los diputados Alejandro Abraham y María Soledad Carrizo, y el abogado de la matrícula federal del país Santiago Pini. Por su parte, los consejeros Miguel Piedecasas y Héctor Pedro Recalde fueron designados para llevar adelante la acusación.
Montezanti estaba acusado de presuntas "conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos, evidenciando falta de idoneidad moral y de vocación democrática, ambas condiciones indispensables para el desempeño de su cargo de magistrado del Poder Judicial de la Nación; haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes y consejeros”.
Según la Resolución N°232/2015 del Plenario del Consejo de la Magistratura, la conducta pública o privada de los magistrados debe “fortalecer la confianza de la comunidad en su persona, debiendo evitar la realización de cualquier acto que desmerezca su estimación publica y que pueda comprometer el decoro de su ministerio”.
“Las conductas y actitudes del juez deben ser en todo momento compatibles con los requerimientos que respecto al decoro predominan en la sociedad a la que presta su función. La sociedad espera de los jueces, un comportamiento ejemplar enmarcado por la prudencia de sus actitudes”, subrayó el documento.
Durante el alegato de la acusación, el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Piedecasas, explicó que el proceso “no es una cuestión personal de algunas personas contra el Magistrado involucrado”, y agregó: “Esta acusación la formula el Consejo de la Magistratura y no se obtuvo por una mayoría escasa ni mucho menos; en esta acusación, el órgano constitucional, con la seriedad que ello implica, ha considerado que existían elementos de cargo suficientes para pedir la remoción”.
“No se trata de una decisión aislada, se trata de una decisión que fue tomada en este órgano constitucional previo el cumplimiento de los pasos procedimentales que estable la ley y el reglamento. De manera tal que hay que alejar la idea de que esta es una confrontación con un grupo aislado que se ha mantenido a través de la historia en la ciudad de Bahía Blanca entre algunos de los involucrados -hoy testigos o denunciantes- y el Magistrado que se encuentra en cuestión”, indicó.
En su exposición ante el Tribunal, Piedecasas manifestó que “la acusación ha logrado probar los cargos que se le han imputado, los hechos que la han fundado, las circunstancias, y vuelvo al principio, lo que está en juego aquí es la confianza que se depositado, que se ha transferido”.
Particularmente, el consejero destacó: “Creemos que esto afecta fuertemente la independencia, la imparcialidad, la confianza de la sociedad depositada en el magistrado, sostiene la acusación y solicita un veredicto condenatorio por parte del tribunal”.
Las críticas al procedimiento
A través de un comunicado de prensa, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó su “preocupación” por el proceso iniciado contra Montezanti. “La Justicia Federal de Bahía Blanca experimenta un severo embate institucional”, consignaron desde la institución.
“Del Jury instado sólo se desprenden inferencias sin más respaldo fáctico acreditado que las insinuadas en la acusación del 10 de septiembre de 2015. Tampoco se rescata la acreditación de probanzas que refuercen o esclarezcan las sospechas deslizadas”.
Asimismo, el Colegio de Abogados afirmó: “Ha acreditado en éste proceso que toda la imputación reposa sobre cuestiones anteriores a la designación de Montezanti como magistrado, la cual se realizó por los poderes del Estado según el procedimiento constitucional, y particularmente, por la evaluación –selectiva, por cierto- de algunos de los clientes que defendió como abogado. En todo caso, cabe repudiar que cualquier profesional del Derecho pueda ser descalificado, perseguido y sancionado en virtud del concepto que merezcan sus eventuales asistidos”.
Por último, el Colegio aclaró que “el supuesto mal desempeño se fundó en causales que, además, el Consejo ya había considerado con anterioridad y que habían derivado en el archivo de las denuncias”.
En el mismo sentido, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay opinó que “para lograr la remoción se ha montado una acusación que hoy tramita ante el Jurado de Enjuiciamiento, plagada de vicios que la tornan nula de nulidad absoluta”.
“Además, algunas de ellas (supuestos vínculos con personas pertenecientes a la Triple A) son previas a su propio nombramiento y actuación como juez. Por lo tanto, no pueden ser propuestas como constitutivas de mal desempeño de ese cargo y su evaluación y mérito corresponden al Consejo, el presidente y el Senado en el momento de la designación”, argumentó en su artículo.