La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, creó la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI), a los fines de asesorar en causas con pedidos de extradición y desarrollar proyectos de cooperación internacional. La coordinación estará a cargo de Diego Solernó e Ileana Schygiel.
En el marco de la Resolución N°426/2016, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, estableció la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI). “En un mundo caracterizado por la internacionalización del derecho, la cooperación jurídica internacional constituye un aspecto esencial en el ámbito de la administración de justicia”, explicó la jefa de los fiscales.
Dentro de los fundamentos, Gils Carbó manifestó que “desde el punto de vista de la persecución penal, las organizaciones criminales ya no actúan solamente en un país sino que poseen algún tipo de contacto interestatal y proliferan a un ritmo vertiginosos”, y agregó: “Delitos con características transnacionales tales como el lavado de activos de origen ilícito, la trata de personas y el tráfico de estupefacientes han provocado que herramientas como la cooperación”.
“Sin esa colaboración internacional una gran cantidad de procedimientos se verían desprovistos de pruebas elementales o se encontrarían impedidos de materializar actos procesales necesarios para proseguir con la investigación”.
De esta manera, destacó que “la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (ley n° 24.767) - que regula la cooperación penal en la República Argentina- ha otorgado un rol central al Ministerio Público Fiscal, tanto en materia de asistencia jurídica como de detención preventiva y extradición, al asignarle expresamente en su articulado la representación del interés por la cooperación, rol que pone en cabeza del Ministerio Público una gran responsabilidad”.
Mediante la Resolución PGN n° 2636/15 se dispuso “la conversión de la Secretaría de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal, Extradiciones, Derecho Internacional y Derecho Comparado (creada por la Resolución PGN n° 24/12) en la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional, en los términos de los artículos 33 a 35 de la nueva Ley Orgánica de este Ministerio Público Fiscal”.
Por su parte, la ley n° 27.148 establece que “estará a cargo de un/a Director/a General, cuyas funciones serán el seguimiento de los expedientes administrativos de extradición, la intervención en las asistencias internacionales activas y pasivas, con el consecuente asesoramiento y colaboración en lo atinente con los fiscales de la Nación, el asesoramiento a los fiscales en las causas referidas a pedidos de extradición y la interrelación con los organismos de colaboración institucional regionales e internacionales”.
Entre las funciones centrales, la dependencia “brindará asesoramiento a fiscalías y procuradurías en materia de cooperación jurídica internacional, ya sea en la redacción de exhortos activos como en la tramitación de exhortos pasivos, así como en la difusión y capacitación sobre la normativa vigente, especialmente sobre los Tratados internacionales en la materia. Asimismo, efectuará un seguimiento de los exhortos en los que intervenga el Ministerio Público Fiscal y gestionará una base de datos que permita tener registro y estadísticas”.
En cuanto a las extradiciones, otorgará “asesoramiento a los fiscales y procuradurías en materia de extradición. Efectuará los seguimientos de todos los procesos de extradición, tanto activos como pasivos y, ante el requerimiento de los fiscales federales, intervendrá en el proceso en cualquier etapa, incluso en los juicios de extradición. Tendrá una base de datos con información sobre todos los pedidos de extradición, los dictámenes de la Procuración General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los fallos que se dicten en consecuencia”.