De esta forma, el juez lomense Angel Di Matteó envió el escrito a los funcionarios del BCRA, a raíz de que en algunas publicaciones periodísticas se reveló que desde la autoridad monetaria no estaban en condiciones operativas de cumplir con lo prescripto en ese punto de la norma del PEN que ya recibió el revés de varios jueces del fuero en lo Contencioso Administrativo que lo declararon inconstitucional.
Recordemos que el artículo 3 de ese decreto dispone que en los casos de excepción, es decir esas personas que están fuera de los alcances del corralito como lo son las personas con problemas de salud o mayores de 75 años, la ejecución de las medidas cautelares o de las sentencias estimatorias de la pretensión, deberán ser tramitadas ante el BCRA, que deberá cumplir los mandatos con cargo y por cuenta y orden de las entidades financieras obligadas, dentro de los cinco días hábiles de formulado el requerimiento.
Para fundar su pedido, el magistrado aseveró que es obligación de los jueces “dar respuesta inmediata a los derechos tutelados por la Constitución Nacional” y agregó que este caso de debe resolver con “urgencia” ya que “corre peligro la vida del amparista”.
En ese sentido, Di Matteo adelantó que la falta de respuesta de su oficio implicara que “dicho organismo no se encuentra en condiciones operativas de dar cumplimiento con la medida” que marca la norma del PEN que intenta ponerle un coto a la salida de depósitos del corralito mediante la vía de la justicia.
En tanto, informó que la respuesta a su requerimiento se deberá hacer efectiva en la sede del juzgado, ubicado en la intersección de Camino Negro y Larroque o en su defecto en la Delegación Lomas de Zamora de la Policía Federal Argentina sita en Boedo 864 de esa localidad del sur del Gran Buenos Aires.