El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Ernesto Marinelli ordenó al Gobierno que presente "un informe sobre la aplicación del denominado protocolo antipiquetes". De este modo, el magistrado resolvió que "en cinco días el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, presente los antecedentes y los fundamentos del protocolo ante una acción de amparo que inició la Coordinadora contra la Represión Política e Institucional (CORREPI)". En su presentación, la organización afirmó que "violenta derechos y garantías de raigambre constitucional, como el derecho de huelga, de expresión, de reunión, de informar y de ser informado, además de amenazar la libertad, la integridad física y la vida de cualquier persona que tenga la necesidad de manifestarse públicamente por una protesta o la reivindicación de un derecho".