Debatir (en serio) sobre drogas

En los últimos días, la controversia alrededor del fenómeno de la drogas comenzó a tomar un nuevo impulso. En este marco se realizó una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) para discutir el futuro de la política de estupefacientes y la lucha contra el narcotráfico.

Durante las reuniones, la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Social presentó un proyecto denominado “Nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas”. La iniciativa formuló una serie de recomendaciones orientadas a resolver el "conflicto global de la droga desde el ámbito social, económico, de la salud, de los derechos humanos, de la Justicia y de la seguridad pública".

Respecto al problema sanitario, el proyecto sugirió medidas que “se orienten a la prevención y reducción de la demanda de drogas, y al tratamiento de los trastornos ocasionados por su consumo (...) el diseño de campañas de prevención temprana y promoción de estilos de vida saludables, que deberían difundirse mediante el uso de Internet y medios sociales, en los lugares de trabajo y en los establecimientos educativos de todos los niveles”.

En cuanto al tratamiento de las personas afectadas, el documento señaló “la formulación de programas de atención y rehabilitación eficaces que propendan a su reinserción social y laboral, prevengan la marginación social y promuevan actitudes no estigmatizantes”. Asimismo, destacó la importancia de acercar “estos programas a los sectores más vulnerables de la sociedad, especialmente a las personas privadas de su libertad”.

Por otro lado, los diferentes países debatieron cuestiones vinculadas con la prevención del delito. De este modo, se definió “hacer frente a los vínculos cada vez mayores del narcotráfico con otras formas de delincuencia organizada, como el blanqueo de dinero, la corrupción, la trata de personas, el tráfico de armas de fuego, la ciberdelincuencia y el terrorismo”.

Entre las principales medidas para reducir o eliminar la producción ilícita de sustancias estupefacientes, se propuso “prevenir y combatir su comercialización internacional, reforzar la vigilancia de fronteras y rutas de tráfico de drogas, y fortalecer la cooperación entre Estados en asuntos penales, como la extradición y la asistencia judicial recíproca”.

Sobre este punto, se recomendó “la formulación de respuestas eficaces en materia de justicia penal, a fin de llevar a los autores de delitos vinculados con la droga ante la justicia, asegurando el derecho a un juicio justo. El documento destaca que, para alcanzar estos objetivos, resulta imprescindible tener presentes las causas y consecuencias sociales y económicas de la delincuencia vinculada con la droga”.

Tras el encuentro de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA), el consejero representante del Poder Ejecutivo y subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, Juan Bautista Mahiques, explicó que “desde la Comisión se mostraron entusiasmados en trabajar con la Argentina, sobre todo con el tema de los Tribunales de Tratamientos de Drogas (TTD)”. 

El proyecto sugirió que se ponderen especialmente las condiciones particulares de los sectores más vulnerables de la sociedad. Así, resaltó “la necesidad de protección de las mujeres y niñas explotadas como mulas o correos para el tráfico de drogas; de atención de las demandas específicas de los niños afectados por la delincuencia relacionada con la droga; y de acceso no discriminatorio de las personas privadas de su libertad a los servicios de prevención y rehabilitación, entre otros”. 

“Es necesario convocar a todos los sectores para debatir, desde un enfoque integral, la problemática de las drogas y así formular y desarrollar políticas que nos permitan reducir la demanda a través de la prevención y la asistencia y continuar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional”, indicó el representante argentino.