SOS jueces federales de La Pampa

La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputado de la Pampa acordó trabajar para elaborar un proyecto único, entre los presentados por los diputados Abel Sabarots (Propuesta Frepam) y Darío Hernández (Frente Renovador), sobre la Justicia Federal con asiento en Santa Rosa y General Pico y, de este modo, emitir dictamen.

Sabarots presentó un proyecto por el que "solicitó un informe al Consejo de la Magistratura de la Nación sobre el estado de avance del llamado a concurso para cubrir el cargo de juez federal de Santa Rosa y situación procesal-legal del juez federal de General Pico". 

Como consecuencia de una enfermedad, el juez federal de Santa Rosa, Pedro Vicente Zabala, falleció en octubre de 2013. “Debido a su enfermedad, desde hacía varios meses no desarrollaba sus funciones habituales en la Justicia por lo que estaba de licencia. En su lugar había sido designado como Juez Federal subrogante José Charlín -titular del Juzgado de General Pico- pero que no fue puesto en funciones”, explicó la iniciativa.

Luego, el Consejo de la Magistratura designó a la jueza Iara Silvestre, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Subrogancias (27.145), la cual fuera "declarada inconstitucional por unanimidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 04 de Noviembre de 2015”. En consecuencia, el Cuerpo desplazó a Iara Silvestre y designó en su reemplazo como subrogante a Hector Plou, quien también es juez federal de Primera Instancia de Junín.

“Es un Juzgado que hace casi tres años no cuenta con un juez designado por el procedimiento que corresponde; sumado ello a la queja constante tanto de profesionales como de ciudadanos que pretenden acceder a la justicia y se encuentran con procesos extremadamente dilatados y que, ante la situación actual, de contar con un Juez de otra jurisdicción, quien por dicha situación no se encuentra en sus funciones diariamente en esta ciudad”.

Por otro lado, el proyector recordó que “en 2004 se creó un Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, y dos Secretarías en su órbita en competencia una en materia Criminal y Correccional y la otra en Civil, Comercial, Laboral, Tributario, de la Seguridad Social 4 y Contencioso Administrativo, el cual hasta el día de la fecha no ha sido puesto en sus funciones”.

Posteriormente, el Poder Ejecutivo procedió al nombramiento de José Antonio Charlin. “Pero como es una constante de nuestro país la realidad supera a la ficción, y a más de una década de la creación del Juzgado aún no hay miras a su puesta en marcha en su sede de emplazamiento, no se ha tomado juramento al juez designado ni se han designado los restantes funcionarios y empleados para su desempeño”.

Tras un breve repaso por las denuncias contra Charlin, la iniciativa calificó de “alarmante” la situación del magistrado, quien fue denunciado por los propios empleados por “abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, maltratos, amenazas y acoso sexual”.

Para el legislador, “la situación de ausencia absoluta del servicio de justicia en el ámbito federal de los ciudadanos de General Pico y sus aledaños, nos inquieta sobremanera ya que no se comprende la eterna dilación a la que se ha llegado, a sabiendas de que existe una burocracia que excede inconmensurablemente las necesidades reales de la población de contar con una justicia inmediata”.

Por su parte, el diputado Hernández presentó otro proyecto solicitando al “Poder Ejecutivo inste al Consejo de la Magistratura de la Nación a activar los mecanismos legales y constitucionales necesarios para la designación urgente del Juez Federal con asiento en Santa Rosa y del Juez Federal en General Pico”.

El legislador requirió al Consejo que “provea al Juzgado Federal con asiento en Santa Rosa, así como a las Fiscalías, Defensorías Oficiales y Secretarías que actúan en el ámbito del mismo, de las condiciones edilicias”.

“Desde que Pedro Vicente Zabala dejara su cargo, el juzgado federal de Santa Rosa no ha tenido un juez titular como establece la Constitución Nacional. Se han designado para el cargo, a otros funcionarios judiciales con el carácter de jueces subrogantes (…) resulta muy difícil imaginar cómo podría el juez designado, materialmente hacerse cargo de todos los casos federales de La Pampa y al mismo tiempo atender su propio juzgado y hacerlo en forma correcta”.

Ante la situación jurisdiccional, el proyecto destacó “el deplorable estado edilicio del juzgado”, y concluyó: “Es un sitio con bajas condiciones estructurales, inminente peligro, incluso de vida, porque las conexiones eléctricas se encuentran en contacto con el agua y es una posibilidad de accidente, que cuando suceda será anunciado; ello sin dejar de tener en cuenta que los expedientes -que son de papel- se encuentran expuestos al agua y esos expedientes”.