En una de las causas, el ex funcionario fue procesado por “defraudación en perjuicio de la administración pública” por la contratación irregular de una empresa ligada a Radio Rivadavia y le trabó embargo sobre sus bienes por 700.000 pesos.
La presuntas maniobras que se investigan en la causa se realizaron entre 1998 y 1999, cuando el PAMI contrató a la empresa Solavi Sociedad Anónima para “realizar un muestreo de satisfacción de usuarios” de la Obra Social. Ese muestreo determinó que Radio Rivadavia era la mejor firma para realizar dicha tarea.
Después, la Oficina Anticorrupción detectó que Solavi y Rivadavia compartían varias personas en sus respectivos directorios. Por eso, también fueron procesados el presidente de Radio Rivadavia, Luis Cetrá, el director del medio, Alejandro Talevi y Guillermo Serensen, directivo de Solavi S.A.
Como si esto fuera poco, Bonadío también procesó a Alderete en otra causa, por presunta “administración fraudulenta” en la edición del llamado “libro verde” del PAMI, donde en español e inglés se promocionaba la gestión del ex funcionario al frente de la obra social de los jubilados.
Fuentes judiciales confirmaron que en este caso el procesamiento incluyó un embargo de 750.000 pesos.
Con estos dos fallos, Alderete suma ocho procesamientos en el fuero federal por irregularidades en la conducción del PAMI y otro en su empleo anterior, cuando estuvo al frente de la intervención del Instituto de Servicios Sociales Bancarios.
El último revés de Alderete fue antes de la feria judicial. El 17 de julio
último cuando la otra Sala I de la Cámara confirmó su procesamiento por defraudación a la administración pública al haber contratado de forma irregular una empresa proveedora de audífonos.
No es el único procesamiento confirmado que soporta Alderete. A fines del año pasado la Cámara Federal confirmó otro, que había dictado el ex juez Adolfo Bagnasco por incumplimiento de los deberes de funcionario y malversación de
caudales públicos cuando era interventor del Instituto de Servicios Sociales Bancarios.
El mismo ex juez Bagnasco le hizo a pasar el trago más amargo a Alderete cuando lo envió a prisión por considerarlo jefe de una asociación ilícita que defraudaba al Estado con la contratación irregular de cinco prestadores de servicio en el PAMI.
En esa causa, estuvo preso durante 15 meses en el Escuadrón Buenos Aires de Gendarmería Nacional, hasta que la Corte Suprema de Justicia descartó la existencia de la asociación ilícita y forzó que la Cámara Federal lo dejara en libertad.
Además de esta causa, la más sonada en el historial judicial de Alderete y que lo llevó a contratar los servicios de un ex ministro de Justicia, León Arslanián, el ex funcionario fue procesado en los primeros meses de 2001 por el ex juez Carlos Liporacci, quien le imputó el delito de “encubrimiento” al haber retirado 90 cajas con documentación el último día de su gestión al frente del PAMI.
De esa causa se desprendió otra, en la que fue procesado por “omisión de denuncia” por el juez Jorge Luis Ballestero, medida que también fue confirmada por la Sala II de la Cámara Federal el 29 de octubre del año pasado.
Ballestero ya había procesado a Alderete en junio de 2000 por el mismo delito, omisión de denuncia, al no haber informado a la Justicia de un pedido de coima de un empleado del PAMI a una clínica prestataria a cambio de “acelerar” el cobro de una deuda con la obra social.
También en el 2000, el juez Bonadío procesó a Alderete por presunta “administración infiel en perjuicio de la administración pública” por haber contratado en forma irregular a la empresa MedicSistem para la prestación de servicios de kinesología y fisiatría a afiliados del PAMI. El fallo fue confirmado en octubre de ese año por la Sala II de la Cámara Federal.
Pero Alderete no sólo tiene procesamientos, también hay varias causas abiertas que siguen su curso. Entre ellas, una que instruye el juez Jorge Urso donde se lo acusa de haber pagado sobreprecios en la compra de 40 mil libros a la editorial Plus Ultra.
En tanto ayer, el ex titular del PAMI debió dar explicaciones ante el juez federal Juan José Galeano, quien subroga al ex juez Gustavo Literas, en una causa en la que se lo acusa de haber cometido irregularidades en la contratación de servicios odontológicos para el PAMI.