Fuentes vinculadas al supremo tribunal comentaron que entre los ministros existe la intención de rechazar la “legitimación activa” de Río Negro, provincia que promovió un amparo en contra del decreto 1316/02, que frenó por el término de 120 días hábiles la posibilidad de que se ejecuten las sentencias judiciales a favor de los ahorristas y en contra del 1570/01 y sus derivados.
Los voceros indicaron que para algunos miembros del Máximo Tribunal, el planteo impulsado por Río Negro no sería “competencia de la Corte”, a diferencia de lo dictaminado por el procurador general de la Nación, Nicolás Becerra.
Asimismo, por el cuarto piso del Palacio de Justicia se tiene la impresión de que los derechos de la provincia patagónica no están “afectados” por el presunto daño que habría causado la última norma del PEN, que ya recibió el revés de varios jueces de primera instancia del fuero en lo Contencioso Administrativo.
En la presentación, el gobernador rionegrino Pablo Verani promovió una acción de amparo, sin medida cautelar, ante la Corte contra el decreto que frenó por 120 días hábiles la ejecución de medidas cautelares contra el corralito.
En el escrito, que disparó duros cuestionamientos en contra del Ejecutivo Nacional, el Estado provincial sostuvo que la citada norma "lesiona, restringe, altera y amenaza con arbitrariedad manifiesta" los derechos reconocidos de los habitantes de Río Negro.
En la reunión que mantuvieron hoy, la primera luego del receso invernal, los jueces se aprestaron a analizar la aptitud que tiene la provincia para expresar sus reparos ante la norma que firmó hace unas semanas el presidente Eduardo Duhalde.
Ante la posible decisión del los ministros de desestimar el amparo de la provincia, quedaría casi descartado que este tema se resuelva en el corto plazo, tal como es la intención que se puede escuchar desde el Gobierno Nacional.
Para los voceros, si Verani "se hubiera presentado como ahorrista hubiera tenido que recurrir a un juez de primera instancia pero lo hizo como titular del Ejecutivo provincial" y agregaron que de ese modo "varios jueces piensan que no está en condiciones jurídicas de hacerlo".
En su presentación, Verani sostuvo que “a legitimación para accionar como aquí lo hacemos es suficiente en tanto existe una doble afectación de intereses. Por un lado los inherentes al Estado Provincial, y por el otro, los correspondientes a los habitantes de nuestra Provincia, estos últimos en tanto revisten el carácter de “ahorristas” o más bien “ahorristas acorralados” es decir que se representan aquí a aquellos rionegrinos usuarios del servicio bancario y comprendidos en los arbitrarios alcances del decreto nº 1316/02.”