04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

¿Denunció o no denunció?

En Tucumán, una fiscal inició una investigación para determinar si la esposa del legislador Mariano Poliche denunció o no a la Justicia que se repartieron dos millones de pesos para que en febrero se apruebe la necesidad de reformar la Constitución provincial.

 
La fiscal de Instrucción de la III Nominación, Teresita Marnero, abrió una causa para saber si el 25 de junio y ante el fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, Amelia Ducca dijo que “en marzo de 2000 el gobernador (Julio) Miranda le hace entrega de 160.000 pesos por el apoyo recibido por el legislador (Poliche) con los que cancela la hipoteca de la casa en que vivíamos”.

Según el acta del secretario de Jerez, Carlos López, la esposa del legislador también manifestó que “a fines de 2000 el diputado Roque Álvarez le entregó en tres oportunidades 20.000 pesos en bonos en pago por la aprobación de leyes que el Ejecutivo necesitaba”.

De acuerdo a lo que consta en el expediente, Ducca afirmó que entre 2001 y 2002 comenzaron las negociaciones para conseguir la aprobación de la reforma constitucional. En el documento se señala que “tras varios intentos fallidos, él (Poliche) se hace cargo de conseguir las voluntades necesarias, por lo que le solicitó a Sisto Terán $2 millones en Lecop, que se repartieron en cuotas.

En ese sentido, el fiscal Jerez giró la denuncia al juez de Instrucción de la IV Nominación, Víctor Manuel Pérez, quien inició una investigación sumaria para determinar si el vicegobernador Terán pagó coimas en la Legislatura para que se declare la necesidad de la reforma de la Constitución.

La determinación de legitimidad o no que dé Marnero sobre esta denuncia depende la continuidad de la investigación a cargo del juez Pérez, que tiene plazo hasta el 15 de agosto para resolver si corresponde seguir adelante con el expediente contra el vicegobernador Terán por el supuesto pago de coimas para que se apruebe la reforma constitucional.

La causa se reactivó el 30 de julio, cuando el magistrado citó a Ducca en calidad de testigo. De acuerdo al expediente, cuando se le preguntó si conocía a Sisto Terán, contestó que la unía “un grado de amistad” por lo que quedaba comprendida en las generales de la ley. Y, en cuanto a Poliche, se relevó del juramento porque el artículo 220 del Código Procesal Penal de la provincia dice que un cónyuge no podrá testificar en contra del imputado bajo pena de nulidad.

Cuando en el juzgado de Pérez se le preguntó sobre el hecho que se investigaba, se desvinculó totalmente de las acusaciones. “Desconozco totalmente el párrafo de fojas 316 que se acaba de leer donde se menciona un reparto de dinero”, aseguró.

Ante la contradicción producida entre la denuncia ante Jerez del 25 de junio y el testimonio ante Pérez, el magistrado remitió las actuaciones a la mesa de entrada penal, para que la envíe a la fiscalía que por turno le correspondía. Así es como llegó a manos de Marnero.

La fiscal tendrá que investigar si Ducca incurrió en un falso testimonio al negar lo denunciado originariamente a Jerez o si se trata de una falsa actuación judicial.



dju / dju
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