En la localidad de Casilda, Santa Fe, todas las personas que cometan delitos viales podrán cumplir sus condenas realizando controles de alcoholemia, participando en charlas sobre conducción responsable de vehículos o realizar tareas administrativas y de asistencia técnica vinculadas a la gestión de trámites del área de Tránsito o del Tribunal de Faltas.
El intendente de la localidad de Casilda, Juan José Sarasola, y el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Julio De Olazábal, firmaron un convenio para que todas las personas que cometan delitos viales paguen sus condenas participando de controles de alcoholemia u otras actividades desarrolladas por el municipio destinadas a crear conciencia para la prevención de accidentes.
Por lo tanto, todos los imputados en hechos culposos vinculados a faltas viales podrán desarrollar, a través del sistema de probation o suspensión del juicio a prueba, trabajos comunitarios no remunerados a favor del Estado o de instituciones públicas. Esta modalidad se trata de una medida sancionadora por la cual se debe cumplir una regla de conducta.
Puntualmente, esta resolución prevé que los imputados puedan intervenir en controles de alcoholemia, participar en charlas o jornadas sobre conducción responsable de vehículos o realizar tareas administrativas y de asistencia técnica vinculadas a la gestión de trámites del área de Tránsito o del Tribunal de Faltas.
"Los imputados por siniestros viales reciben condenas que no son de cumplimiento efectivo por la cantidad de tiempo que la ley establece para ese tipo de delitos, por lo que con ese tipo de iniciativa se busca que quienes están sindicados como responsables de haber causado lesiones leves, graves, o gravísimas puedan cumplir con tareas que les sirvan a ellos y a la sociedad en su conjunto", expresó Sarasola.
Por su parte, De Olazábal puntualizó en la importancia de este convenio ya que contribuye a "optimizar las respuestas" contra el delito, y aseguró que "la elaboración de estrategias comunes favorecen al esclarecimiento del hecho y después la punición en (beneficio) de toda la población"
"La posibilidad de tener a los imputados en delitos culposos trabajando en el territorio y que podamos estar enseñando o mostrando como el gobierno local se preocupa en evitarlos nos parece una oportunidad única para el infractor y un mensaje claro para la sociedad sobre cómo queremos trabajar en el restablecimiento de los vínculos y para que los familiares de las víctimas tengan la posibilidad de abordar el duelo permanente desde otra perspectiva", afirmó Patricia Ferraretto, subsecretaria Legal y Técnica del municipio.