La presentación, que quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Claudio Bonadío, impugna la decisión del Poder Ejecutivo de autorizar un incremento del impuesto a los combustibles cuando esa facultad es "exclusiva" del Congreso de la Nación, afirmó el denunciante.
En un escrito de cuatro carillas, Barcesat afirma que “bajo ninguna circunstancia la incumbencia constitucional de imponer contribuciones o impuestos puede ser desplazada de la titularidad en cabeza del Poder Legislativo Nacional a favor de otra autoridad”.
Para el abogado, la Secretaría de Energía “carece totalmente de potestad” para “ingresar a la materia tributaria como se ha hecho a través de esta lesiva resolución”, en referencia a la que lleva el número 273 y fue publicada ayer en el Boletín Oficial.
Por esa vía, el gobierno autorizó un aumento en el impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC) que provocó una polémica suba de entre el 6 y el 8 por ciento en el precio al público de las naftas y el gas-oil, que está vigente desde las 0 horas de hoy.
La suba alcanzó también a los solventes, el aguarrás y el gas natural comprimido (GNC).
Barcesat extendió además su denuncia a “todo funcionario del Poder Ejecutivo Nacional que se acredite tener responsabilidad, como autor o partícipe penal” de la resolución cuestionada.