El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal adhirió con sus propios términos a la presentación del Colegio de Abogados de la Ciudad, a los fines de que se lleve a cabo una auditoría en la Justicia Federal. La entidad solicitó hacer especial hincapié en los juzgados federales a cargo de Rafecas, Casanello, Canicoba Corral, Bonadío, Ercolini, Lijo, Martínez de Giorgi, y la Sala I de la Cámara Federal.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) adhirió en general y por fundamentos propios, a la presentación efectuada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para que se audite a la Justicia Federal. El Plenario del Cuerpo se reunirá mañana para analizar la cuestión.
Meses atrás, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires solicitó una auditoría con el objeto de obtener un “informe institucional, acabado y completo, de parte de este órgano constitucional que permite conocer a la sociedad civil las circunstancias por las cuales, en promedio, los procesos en los cuales se ventilan causas de corrupción contra la administración pública demoran más de 10 años en tramitar y muchos de los cuales terminan en prescripciones".
Posteriormente, el Plenario del Consejo dictó la Resolución Nº 168/2016, por medio de la cual requirió a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, "una lista de causas en trámite por delitos previstos en el título XI, Libro segundo y art. 174 inc. 5° del Código Penal de la Nación, indicando fecha de inicio, a fin de ser considerada en el Plan de Auditorías".
En este sentido, la entidad presidida por Jorge Rizzo compartió los objetivos de la presentación y consideró que la mencionada Resolución 168/2016 “es insuficiente a todas luces sin perjuicio de incluir la solicitud en el próximo Plan de Auditoría como lo menciona la misma resolución”.
Sobre este punto, resaltó que “con el fin de contribuir a una eficaz auditoría, es inevitable que los tribunales a ser auditados sean los Juzgados Criminales y Correccionales Federales de la Capital Federal, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, los Tribunales Orales Federales de la Capital y la Cámara Federal de Casación Penal, a partir de todas las causas en trámite o culminadas en las cuales hayan sido denunciados funcionarios públicos de los tres Poderes del Estado”.
“Entendemos que si bien el fuero en general ha sido siempre complaciente con los oficialismos de turno, las totalizaciones solo conducen a la desintegración del sistema. Por ello, consideramos que la auditoría deberá hacer especial hincapié en los juzgados federales a cargo de los Dres. Rafecas, Casanello, Canicoba Corral, Bonadío, Ercolini, Lijo, Martínez de Giorgi, y en la Sala I de la Cámara Federal mencionada”, añadió el escrito dirigido al presidente del Cuerpo, Miguel Piedecasas.
Por último, la presentación criticó el accionar de los jueces en las causas por corrupción. “Los mismos magistrados que parecieron estar inmovilizados durante largos años, en los últimos meses hayan impreso, a la mayoría de las causas que versan sobre los delitos ya enunciados, una celeridad y una rapidez que por años no les fueron propias”, concluyó.