A raíz de la solitud del Colegio de Abogados de la Capital para que se audite a los juzgados que investigan casos de corrupción, el Plenario del Consejo aprobó consultar de forma preliminar la cantidad de causas en trámite, junto al año de inicio. “Todos los consejeros estamos preocupados por esta problemática”, afirmó el titular del Cuerpo, Miguel Piedecasas.
A partir de presentación efectuada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires con relación al pedido de una auditoria en la Justicia Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, el Plenario del Consejo de la Magistratura aprobó consultar de "forma preliminar la cantidad de causas en trámite, junto a su año de inicio".
Luego de analizar la solicitud, el consejero Leónidas Moldes destacó que “es una tarea extensa para llevar adelante”, y aclaró: "Sabemos que la auditoria tiene una capacidad limitada”. Por su parte, la consejera Adriana Donato resaltó que "la sociedad está pidiendo respuestas”.
En tanto, el consejo Pablo Tonelli opinó que “es un pedido que puede tener grandes implicaciones”. Y agregó: “No obstante, contamos con una dificultad, ya que no tenemos a priori ninguna precisión acerca de su alcance y extensión, por ello podría tardar una semana o años”.
“Todos estamos preocupados por las demoras en las investigaciones. A los efectos de tener una decisión y resolver con mayor fundamento, debemos pedir a la Justicia Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal la cantidad de causas en trámite, junto a su año de inicio”, indicó Tonelli.
Una auditoria a las causas por corrupción
En un detallado documento, el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, y los miembros del directorio solicitaron que se investigue “por qué las causas de corrupción que se tratan en esos tribunales demoran más de diez años de trámite”.
“Resulta pertinente mencionar que el referido estado de situación debe conjugarse con la opinión de los especialistas y la del público en general que son coincidentes: ambos afirman que existe una excesiva dilación en el trámite de los procesos judiciales”, subrayó la presentación.
Asimismo, la nota consignó que "el prolongado tiempo que demandan las causas de corrupción ya no solamente como dato empírico se ha transformado en el fundamento de decisiones de tribunales orales que impidieron el juzgamiento de los imputados por la prescripción de los hechos que se le adjudicaban”.
Pero además, señaló que “la baja efectividad de la justicia en la persecución de los delitos que tienen que ver con el ejercicio de la función pública se refleja en escasas condenas, prescripciones por falta de impulso en los procesos, falta de elevaciones a juicio oral y demoras excesivas en la tramitación de los casos”.
Según la nota, “es ésta la oportunidad para reafirmar los valores y conductas que deben tener los Órganos Constitucionales como el Consejo de la Magistratura y así de este modo restituir la confianza en ese Organismo de la Constitución”.