La Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios presentó el anteproyecto de ley para la creación de una Agencia Federal de Reinserción Social y Administración de Penas. La iniciativa apunta a reemplazar a la antigua normativa del Servicio Penitenciario Federal y así promover la integración social de las personas privadas de la libertad.
En el marco de la reforma judicial, la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación presentó el primer texto borrador del Anteproyecto de Ley para la creación de una Agencia Federal de Reinserción Social y Administración de Penas.
La iniciativa apunta a reemplazar la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal (20.416), sancionada en 1973 por un Gobierno de facto. Desde la Subsecretaría consideraron que “reformar esta ley es una deuda pendiente de la democracia y del Estado de Derecho”, ya que la antigua normativa es “subsidiaria de una estructura militarizada que responde a la lógica de seguridad, por sobre la lógica de integración social de las personas privadas de su libertad”.
El proyecto contempla “la desmilitarización del actual sistema, un enfoque hacia la integración social de los condenados, la profesionalización del personal penitenciario, y la adecuación con los marcos internacionales de protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, como las Reglas Mandela y las Reglas Tokio”.
“Para que el cumplimiento de la pena esté orientado a la integración social de las personas privadas de su libertad, resulta imperioso mejorar las condiciones de trabajo del personal penitenciario, promoviendo un régimen de carrera de profesionalización y capacitación permanente, bajo el paraguas del respeto irrestricto de los derechos humanos”.
Durante la presentación, el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques, manifestó: “Es nuestra responsabilidad construir los cimientos de un modelo penitenciario donde los establecimientos carcelarios se adecúen lo que establece la Constitución Nacional, en el sentido que no pueden ser lugares de castigo, sino de recuperación y resocialización de aquellos que por distintas circunstancias de la vida han sido condenados a una de las máximas penas que puede tener un ser humano, la privación de su libertad”.
Y sostuvo que "a través de la creación de una Agencia Federal se podrá coordinar, gestionar, supervisar y controlar no sólo la ejecución de las penas privativas de la libertad, sino también las áreas que estaban abandonadas, y sobre las que hoy se está trabajando muy fuerte como las medidas alternativas a la prisión y la asistencia postpenitenciaria".
Asimismo, la Subsecretaría se encuentra gestionando una auditoría interna y externa del Servicio Penitenciario Federal para mejorar las condiciones actuales del sistema, junto a la implementación de distintos protocolos de actuación que “regulen el uso de la fuerza en el marco de la prevención de la tortura, en concordancia con los marcos normativos nacionales e instrumentos internacionales”.
El plan de trabajo también incluye la “ampliación en la cobertura del Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica”, y las mejoras en los procesos de contrataciones a través de “la universalización del proceso de licitaciones del Servicio Penitenciario Federal”.
“El objetivo central de la reforma radica en la superación de las estructuras punitivas actuales por una política de Estado que, bajo conducción civil, haga foco en la integración social de los internos, jerarquizando y revalorizando el rol fundamental que para ello tienen los trabajadores penitenciarios”, afirmó el Subsecretario.