Así lo sostuvo la jueza Amelia Sesto de Leiva, de la Corte de Justicia provincial, en referencia a la Ley Provincial N° 4848 de Régimen de Atención Integral a las Personas con Discapacidad. La norma establece que el Estado provincial, empresas, bancos y sociedades tienen la obligación de tener un 4% de personal que tenga alguna discapacidad. La magistrada señaló al sitio El Ancasti que no se puede aplicar la previsión en el Poder Judicial por falta de presupuesto. "No tenemos ni un baño adaptado para que ellos puedan ir. No estamos en condiciones de contratar a personas con muletas o sillas de ruedas porque se suben escaleras; en el ascensor no cabe una silla de ruedas porque es muy pequeño. Nuestro espacio es muy pequeño. Los otros lugares que se alquilan para las oficinas son casas comunes. No tenemos un edificio del Poder Judicial. Si tuviéramos un edificio del Poder Judicial se puede tener estos espacios", declaró la jueza suprema.