Los empleados judiciales de la Provincia realizarán dos horas de asamblea por día sin atención al público. Es en repudio a la decisión del gobernador Alfredo Cornejo de disponer el aumento salarial por decreto. El Colegio de Abogados se quejó ante la Suprema Corte.
El dictado del decreto el aumento salarial a los agentes del Poder Judicial de la Provincia del quince por ciento, lejos de cerrar el conflicto de la Asociación de Empleados y Funcionarios de la Justicia de Mendoza con el Poder Ejecutivo provincial y la Suprema Corte mendocina, lo agravó.
Este lunes los judiciales mendocinos adoptarán medidas de fuerza en repudio al Decreto 686 del Ejecutivo, suscripto por Alfredo Cornejo, consistentes en dos horas diarias de asamblea, sin atención al público, sin trabajo interno y sin trabajo extraordinario
El mayor cuestionamiento es contra el rubro remunerativo y no bonificable, denominado "Asistencia perfecta", que establece el decreto. El mismo es de un quince por ciento de lo que el agente perciba, en concepto de presentismo y que será liquidado mensualmente a los agentes que cumplan con sus funciones todos los días hábiles del mes inmediato anterior.
Los judiciales reclaman la eliminación de ese ítem y la reapertura de la negociación salarial, aseguran que es imposible “llegar a mediados del año que viene con los actuales salarios”. También exigen un mayor presupuesto para el Poder Judicial y el respeto a la carrera judicial, desde ese sector denuncian “acomodos”.
Los abogados, que con esta situación ven afectada el ejercicio de su profesión, también se hicieron oir. Días atrás el presidente del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial remitió notas al presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente, y al gobernador Cornejo.
La institución que nuclea a gran parte de letrados de la provincia le solicitó al Máximo Tribunal mendocino que “proceda a reglamentar el derecho sindical de asamblea”, conforme las previsionales de la Ley 23.551. Según la nota que suscribió el presidente del colegio, Javier Conrado Pons, el pedido es para evitar “abuso en su ejercicio” a la vez que para garantizar el derecho de libre acceso a la Justicia.
El Colegio de Abogados puso de resalto que una medida similar fue instruida por el Ministerio de Trabajo provincial respecto de los trabajadores de la Administración Central, que llevó al dictado de un decreto encomendando a esa cartera la elaboración “de un marco normativo para la realización de asambleas sindicales”. En ese sentido, desde el organismo se solicitó que se proceda “del mismo modo en relación a igual problemática constatada en la Administración de Justicia”.