Tras no haber acuerdo entre Gremios, Poder Ejecutivo y la Suprema Corte provincial, el Gobierno de Mendoza dispuso un aumento salarial del 15% a los empleados de la Justicia mendocina y un rubro especial por presentismo. Los judiciales, disconformes, anunciaron medidas.
La puja salarial entre la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza , por un lado, y el Poder Ejecutivo y Judicial de la provincia no logro resolverse en la etapa de negociación y el gobernador Alfredo Cornejo dispuso que el aumento sea por decreto.
Mediante el Decreto Nª 686, publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia, el titular del Ejecutivo dispone el aumento salarial a los agentes del Poder Judicial de la Provincia, comprendidos en el escalafón respectivo a las Clases ocho a veinticinco (08 a 25), desde el mes de marzo al mes de julio de 2016 inclusive del quince por ciento (15%) sobre la Asignación de la clase (Básico) y del diez por ciento (10%) desde el mes de agosto en adelante, siendo este último no acumulativo al del primer periodo enunciado.
La gobernación de Mendoza además dispone un rubro remunerativo y no bonificable, denominado "Asistencia perfecta", correspondiente al quince por ciento (15%) de lo que el agente perciba en concepto de presentismo y que será liquidado mensualmente a los agentes que cumplan con sus funciones todos los días hábiles del mes inmediato anterior. El pago del mismo será efectivo desde el mes de marzo del corriente año. Este último rubro fue cuestionado por el gremio durante toda la negociación.
La decisión de aumentar el salario por esta vía se encuentra justificada, según el decreto, en que “en el proceso de negociación paritaria en el sector Empleados del Poder Judicial, las partes, luego de varias reuniones paritarias, han agotado la instancia de negociación en lo atinente al aumento salarial para el ejercicio en curso”,
Por lo que, habiendose agotado la posibilidad de un acuerdo salarial en este sector, era “necesario y razonable disponer el incremento por parte del Poder Ejecutivo, a fin de subsanar la situación de inequidad, desigualdad y perjuicio que tal circunstancia produce”.
El conflicto salarial con los judiciales se extendió durante gran parte de los meses de mayo y junio. En el último tiempo, el gremio dispuso de medidas de acción sindical tales como la no atención al público en las primeras dos horas y media de jornada laboral, ni tampoco hacer horarios extraordinarios. Esto fue acatado por gran parte de los Juzgados y Tribunales de las cuatro circunscripciones judiciales en las que se divide la Justicia mendocina.
El Poder Ejecutivo, por su parte, entendió que la negociación salarial “ha entrado en un punto muerto en el que las partes no logran un acuerdo”, y que por tiempo que llevaba la discusión salarial y, la circunstancia de que los agentes del sector, por no alcanzar acuerdo “quedarían retrasados en sus haberes” en relación al resto de los empleados que ya cerraron paritarias, como los trabajadores de salud, educación, o empleados del Poder Legislativo, era necesario adoptar la medida por decreto.
El aumento no fue bien recibido por los trabajadores judiciales, mucho menos el ítem de asistencia perfecta, al que calificaron de “precarizador y extorsivo”, por lo que anunciaron una nueva jornada de protestas para este miércoles y llamaron a una asamblea para el próximo jueves 23 en el Palacio de Justicia de Mendoza, edificio donde funciona la Corte provincial. El Gremio tiene previsto un paro general en esa fecha, que se extenderá hasta el viernes 24.