Así lo decidió en las causas "Melli, Hugo Ariel c/ Banco Río de la Plata
S.A. sucursal resistencia s/ Acción de amparo y medida cautelar" y "Juzgado
Federal nº 4 con asiento en la ciudad de La Plata s/ Planteo inhibitoria".
En la primera, Hugo Ariel Melli, en su condición de titular de un certificado
de depósito a plazo fijo nominativo e intransferible en dólares estadounidenses
en el Banco Río de la Plata S.A., sucursal Resistencia, Provincia del Chaco,
promovió acción de amparo ante el Juzgado Laboral nº 2 de esa ciudad, con fundamento
en el art. 17, ap. 6º, de la Constitución provincial y en el art. 3º de la ley
de amparo local 4297, contra la citada institución crediticia y/o contra el
Estado Nacional, a fin de que se suspenda la aplicación, a su respecto, del
decreto?ley del Poder Ejecutivo Nacional 1570/01 y de la resolución 850/2001
del Ministerio de Economía de la Nación y de todos los actos administrativos
dictados en consecuencia.
Asimismo, solicitó la concesión de una medida cautelar de no innovar tendiente
a que el banco demandado no aplique la legislación nacional impugnada y le autorice
a disponer, en billetes dólares estadounidenses, el dinero depositado, en la
cantidad que consta en los certificados de plazos fijos, ya vencidos o a vencer,
a su nombre que individualiza en la demanda.
Por su parte, la juez provincial declaró su competencia para entender en la
presente causa, e hizo lugar a la medida cautelar de no innovar, ordenándole
al Banco Río de la Plata S.A. -sucursal Resistencia-, la suspensión de los efectos
del decreto?ley 1570/01 y de la resolución 850/01, respecto del actor, y la
devolución del capital, más los intereses, en efectivo.
A su vez, el Banco Río de la Plata S.A., se presentó ante el Juzgado Federal
de Resistencia, Provincia del Chaco, y planteó una cuestión de competencia por
vía de inhibitoria.
El juez federal se consideró competente para entender en el proceso entablado
ante la justicia provincial. Fundó su decisión en que las normas atacadas regulan,
no sólo el funcionamiento de las entidades financieras sino también una situación
de emergencia pública nacional en materia social, económica, administrativa,
financiera y cambiaria, por lo que revisten naturaleza federal. Por ello, solicitó
al Juzgado Laboral Nº 2 del Chaco la remisión de la causa y, en caso de oposición,
su elevación al tribunal competente para que se dirima la contienda, según el
art. 12 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación .
No obstante el requerimiento efectuado por el magistrado federal, la juez provincial
insistió en su competencia para intervenir en la causa, con apoyo en el art.
17 de la ley local 4297, que dispone que en las acciones de amparo no pueden
plantearse cuestiones de competencia. Sostuvo también que, la sola circunstancia
de que la legislación atacada regule una cuestión de emergencia pública no la
convierte en una cuestión federal que pueda ser considerada como exclusiva de
la órbita de la justicia federal, toda vez que numerosas leyes que han reglado
situaciones análogas han merecido tratamiento y aplicación por parte de los
tribunales provinciales.
Disconforme con dicho pronunciamiento, el banco interpuso recurso de apelación
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fundamento en el art. 195
bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que, antes de ser derogado
por la ley 25.587, regulaba el per saltum.
Enviados los autos al Superior Tribunal de Justicia del Chaco, a fin de que
remita la causa a la Corte, dicho tribunal dispuso que, previo a la apelación
deducida deberá resolverse la cuestión de competencia entablada entre ambos
magistrados.
En su dictamen, el Procurador General, Nicolas Eduardo Becerra manifestó que
"cabe recordar, ante todo que, la materia y las personas constituyen dos
categorías distintas de casos cuyo conocimiento atribuye la Constitución a la
justicia federal. en uno y otro supuesto dicha competencia, de excepción, no
responde a un mismo concepto o fundamento. En el primero lleva el propósito
de afirmar atribuciones del gobierno federal en las causas relacionadas con
la Constitución, los tratados y las leyes nacionales, así como lo concerniente
a almirantazgo y jurisdicción marítima. En el segundo, procura asegurar ?entre
otros aspectos? la imparcialidad de la decisión y la armonía nacional, en las
causas en que la Nación o una entidad nacional sea parte (arts. 116 de la Constitución
Nacional y 2º inc. 6º y 12 de la ley 48), y cuando se plantean pleitos entre
vecinos de diferentes provincias".
"En su mérito, es mi parecer, que en el sub lite, se presentan ambas situaciones.
En efecto, de los términos de la demanda, a cuya exposición de los hechos se
debe atender de modo principal para determinar la competencia, según los arts.
4º y 5º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se desprende que
si bien el actor interpone acción de amparo contra actos emanados de un particular
(el Banco Río de la Plata S.A.) dichos actos se cuestionan por fundarse en normas
nacionales (decreto?ley 1570/01 y la resolución 850/01) que -a su entender-
colisionan con leyes nacionales y con preceptos de la Constitución Nacional,
por lo cual, los actos impugnados interfieren con un fin nacional, circunstancia
que resulta suficiente para pronunciarse a favor de la competencia federal para
entender en este proceso, en razón de la materia...Asimismo, cabe poner de resalto
que el amparista dirige también su pretensión, nominal y sustancialmente, contra
el Estado Nacional (Poder Ejecutivo ? Ministerio de Economía) en su carácter
de órgano emisor de la legislación cuya aplicación intenta suspender, por lo
que la competencia federal también corresponde ratione personae."
"A todo lo expuesto, sólo basta agregar que, no obstante lo establecido
por el art. 16 de la ley 16.986, en cuanto veda la articulación de cuestiones
de competencia, dicho principio sólo tiende a impedir el planteamiento de defensas
o excepciones previstas que obstaculicen la celeridad del trámite que debe imprimirse
a estas causas, pero tal prohibición no impide la declaración de incompetencia
por parte de los magistrados en las situaciones expresamente contempladas en
el art. 4º de la citada ley"
Este artículo dispone lo siguiente:
"Será competente para conocer de la acción de amparo el juez de primera
instancia con jurisdicción en el lugar en que el acto se exteriorice o tuviere
o pudiere tener efecto.
Se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia por razón de la
materia, salvo que aquellas engendraran dudas razonables al respecto, en cuyo
caso el juez requerido deberá conocer de la acción.
Cuando un mismo acto u omisión afectare el derecho de varias personas, entenderá
en todas esas acciones el juzgado que hubiese prevenido, disponiéndose la acumulación
de autos, en su caso."
Llegado el caso a la Corte, el Máximo Tribunal resolvió, de conformidad con
lo dictaminado por el Procurador General, declarar que resulta competente para
seguir conociendo en las actuaciones al Juzgado Federal de Primera Instancia
de Resistencia.
A su vez, en los autos "Juzgado Federal nº 4 con asiento en la ciudad de
La Plata s/ Planteo inhibitoria", la contienda positiva de competencia se
suscita entre el Juez Federal de La Plata, Provincia de Buenos Aires, y la magistrada
a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 18 de esa ciudad, con motivo
de la inhibitoria que el primero libró y que fue rechazada por la segunda.
La cuestión que aquí se plantea tiene su origen en la inhibitoria solicitada
por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, ante el Juzgado Federal de La
Plata Nº 4, con fundamento en lo dispuesto en la ley nacional 25.587 de emergencia
económica, a fin de que su titular se declare competente en todas las causas
en que resulte demandada dicha entidad, que tramitan ante el Juzgado en lo Civil
y Comercial Nº 18 de La Plata, que versen sobre créditos, deudas, obligaciones,
depósitos o reprogramaciones financieras que pudieran considerarse afectados
por las disposiciones contenidas en la ley 25.561 y sus reglamentaciones y complementarias.
Cabe recordar que la ley 25.587, también conocida como antigoteo, fue publicada
en el Boletín Oficial el 26 de abril de este año, no estando vigente con ocasión
del anterior dictamen, que fue de fecha 17 de abril. En cambio, en este caso,
dictaminado el 10 de junio, Becerra directamente entendió el caso corresponde
"a la Justicia Federal de La Plata, tal como lo establece la ley ut supra
citada (v. art. 6)".
Por su parte, el Máximo Tribunal, haciéndose eco del dictamen del Procurador,
también declaró que resulta competente para seguir conociendo en las actuaciones
el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 4 de La Plata.