La Corte Suprema aprobó su presupuesto de gastos para 2017, con un incremento de $ 1.400 millones respecto de este año. Mediante una acordada, los ministros del Máximo Tribunal señalaron que los “techos presupuestarios” resultan “insuficientes para el nivel de necesidades mínimas” del Poder Judicial.
Por medio de la Acordada 24/2016, publicada este viernes en el Boletín Oficial, la Corte suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó su presupuesto de gastos para el ejercicio 2017, que será de $6.688 millones, $1.400 millones más que los $ 5.282 millones presupuestados para este año, y más del 50% de diferencia, si uno analiza los $ 3.950 millones estipulados para el ejercicio 2015.
Con la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, el Máximo Tribunal estableció “la previsión cualitativa y cuantitativa de las erogaciones consolidadas previstas para la jurisdicción”. Los supremos también aclaran que el Tribunal “ha decidido establecer mediante esta acordada los requerimientos propios”, y que, sin perjuicio de ello, oportunamente “se remitirá el presupuesto del Consejo de la Magistratura para su comunicación al Congreso Nacional”.
La Corte critica en su resolución los “techos presupuestarios” comunicados por el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Subsecretaría de Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, por considerar que “resultan insuficientes para el nivel de necesidades mínimas de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Por otra parte, en materia de recursos humanos, el Máximo Tribunal “ha previsto la cuantificación de los cargos existentes y necesarios de este Tribunal que conforman su estructura funcional y su recomposición en las distintas áreas, para atender las necesidades que surjan en función de los objetivos planteados”.
En relación a ese punto, se fijaron en 4.418 los cargos de la planta de personal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso significa un aumento de casi 500 empleados con relación a 2016, donde estaban previstos 3.959.
El presupuesto también incluye los montos necesarios para realizar inversiones “en materia de equipamiento, base de datos, programas y sistemas, en el entendimiento de continuar con el Plan de Informatización”.
Asimismo, se contemplan los “montos necesarios” para continuar con la ejecución de obras, realizar nuevas y continuar “con el plan de preservación y adecuación del Palacio de Justicia de la Nación”, el marco del programa de inversiones en infraestructura. La acordada además recuerda que el edificio de Talcahuano 550 ha sido considerado monumento histórico nacional mediante el Decreto N° 349/99.