Los diputados Nicolás Massot y Pablo Tonelli (Unión-Pro) presentaron un proyecto de ley para que los jueces que hayan sido designados en sus cargos después del 31 de diciembre de 2016, paguen Impuesto a las Ganancias. “El hecho de que en el futuro existan magistrados y funcionarios judiciales que paguen el impuesto y otros que se encuentren exentos, es de ineludible temporalidad”, indicó la iniciativa.
En el marco de la discusión por el pago del Impuesto a las Ganancias, los diputados nacionales del Pro Pablo Tonelli y Nicolás Massot presentaron una iniciativa que sujeta al gravamen "todo ingreso proveniente del desempeño del empleo de magistrado o funcionario judicial o magistrado o funcionario del Ministerio Público, tanto nacional como provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para quienes sean designados con posterioridad al 31 de diciembre de 2016”.
No obstante, el proyecto dispone que quedan excluidos “los ingresos de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación, magistrados judiciales o del Ministerio Público nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hayan tomado posesión de sus cargos antes del 1° de enero de2017”. Asimismo, están exentos del gravamen los haberes jubilatorios y pensiones.
Según los fundamentos, se busca “aportar una solución que contemple la necesidad de fomentar y respetar el principio constitucional de igualdad en las cargas públicas, haciendo especial énfasis en la justicia y equidad tributaria, en tanto la exegesis de nuestra constitución no es brindar privilegios, sino por el contrario, tiene como eje la igualdad con valor fundamental”.
“(…) Este proyecto promueve la aplicabilidad de este impuesto, solo para aquellos magistrados y funcionarios que sean designados con posterioridad al presente ejercicio fiscal, estableciendo una exención expresa para todos aquellos que fueron designados hasta el 31 de diciembre de 2016”, explicaron los diputados.
De esta manera, la propuesta establece que “aquellos magistrados que ya prestan funciones permanecerán con sus remuneraciones al amparo del artículo 110, mientras que aquellos que sean designados y tomen posesión de cargo con posterioridad a este ejercicio fiscal, lo harán con la aplicación, desde el primer día en funciones, del impuesto a las ganancias, respetándose así la garantía de intangibilidad por ser esta una garantía que es efectiva desde que un magistrado es designado como tal”.
“El hecho de que en el futuro existan magistrados y funcionarios judiciales que paguen el impuesto y otros que se encuentren exentos, es de ineludible temporalidad. Esta solución garantiza, por un lado, el cumplimiento irrestricto del artículo 110 de la Constitución al respetar la intangibilidad de los magistrados en funciones y, por otro, el respeto a la garantía de igualdad en las cargas públicas, toda vez que la diferenciación de remuneraciones entre los magistrados estará determinada en base a un criterio objetivo”, concluyó el documento.