La clásica denominación para “elegir” Juzgados pasó a la era de las computadoras: llueven denuncias por supuestas irregularidades a la hora de sortear Juzgados, Cámaras y hasta Martilleros Públicos. La Justicia intervino y las oficinas de la Dirección de Sistemas del Consejo de la Magistratrura fueron allanadas. Un tema que comienza a inquietar.
Ya lo había adelantado en una entrevista radial y luego su anuncio se hizo realidad: el sistema de sorteos de la Justicia Federal está en el ojo de la tormenta por presuntas manipulaciones a la hora de la asignación de Juzgados.
La jueza María Servini de Cubría lleva adelante una investigación iniciada tras una denuncia de la diputada Elisa Carrió por supuestas irregularidades a la hora de los sorteos de los Juzgados Criminales de Comodoro Py, pero la jueza también extendió un manto de sospechas respecto de los otros fueros. La Justicia parece querer abrir una caja de Pandora
En una entrevista a Radio del Plata en el mes de junio, la titular del juzgado Criminal y Correccional n° 1 reconoció que el sistema de sorteos de la Justicia Federal “es manejable” y opinó que habría que hacer una investigación “porque hay momentos que a uno le caen 10 causas y a otros juzgados una", y no sólo en la Justicia Federal sino “en todos los fueros”
Carrió recogió el guante y en una denuncia manifestó lo mismo, el contexto en el que se hizo presentación es un tema aparte: pocos días antes, con el pase de la causa Nisman al Fuero Federal, un “extraño” suceso motivó al presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, a realizar una denuncia penal.
La referente de la Coalición Cívica sostuvo en su presentación que “de los 12 juzgados que existen en el fuero criminal y correccional, nunca recayó una denuncia de la suscripta en el Juzgado Federal N° 12” – cuyo titular es Sergio Torres, y apuntó que “recayeron más del doble de denuncias” en el Juzgado Federal N° 7 de Sebastián Casanello, que en Juzgado Federal N° 1, de la propia Servini, lo que para Carrio “puede resultar sospechoso”.
Los expedientes en trámite
Hay varios expedientes investigando el funcionamiento del Lex 100: el que lleva adelante el Juzgado Federal n° 1, otro iniciado a raíz de la denuncia de Irurzun por el sorteo de la causa Nisman, y otro que lleva adelante el Juzgado de Ariel Lijo. Este último, no sobre el sorteo sino por irregularidades en la licitación del sistema. En el Consejo además hay otro sumario, iniciado tras conocerse que el sistema del Juzgado Federal de Paso de los Libres, a cargo de Lucía Posser Penzo, habría sido “hackeado” desde una computadora externa.
A la par de ello hubo una denuncia de Martilleros Públicos, que cuestionaron que en Tribunales “siempre salían sorteados los mismos”. El mayor ejemplo de las fallas del sistema se ve en el sorteo de la causa Nisman: la secretaria de la Cámara, Susana Echevarría indicó que el expediente fue recibido en la Mesa de Entradas del fuero junto con un oficio de remisión de testimonios por separado – en sobre cerrado – para ser ingresado en el fuero Federal.
Por ello, y en atención “al volumen de una y otra actuación, se procedió en primer lugar al sorteo de los testimonios en la mesa de entradas y a la vista tanto de funcionarios y empleados del Juzgado de Instrucción presentes sino también de periodistas y demás público que se encontraba en ese momento en el espacio de acceso público”. Siguiendo con ese relato, Echavarría relató que el proceso “se cumplió de forma acabada” y que la causa fue asignada al Juzgado de Casanello, y luego se sorteó el expediente principal.
En la mecánica del sistema, atento que se trató de una causa remitida por incompetencia, se mantuvo el número originario y sólo se procedió al sorteo de juzgado, tras ello se realizó el registro en el sistema que debe proceder a sortear, “situación que no ocurrió como en el caso anterior”- aclaró la denunciante
Sin embargo, ocurrió que en la pantalla de la máquina en la que se operaba el registro “sólo mostró que el sistema estaba en proceso para luego indicar ‘fallo en la transacción’, sin dejar de señalar que se hallaba en proceso de asignación en la oficina actual”. Luego de ello, el informe al respecto señaló que “el sistema de gestión del expediente judicial nunca indicó la asignación de ningún juzgado del fuero en las circunstancias en las que debió hacerlo”.
Todo siguió su curso, Echevarría fue a ver la publicación del sorteo de la causa en la página del Centro de Información Judicial (CIJ), donde figuraba la asignación del Juzgado de Casanello. Sin embargo, en la oficina de sorteos aparecía “falla en la transacción”.
Ello motivó a la secretaria a concurrir a su puesto de trabajo e ingresar al sistema con su usuario. Tras ello, intentó acceder y recibió como respuesta en pantalla “se ha producido un error. Inténtelo nuevamente”. Echevarría puso en conocimiento del caso a la Dirección General de Tecnología, tras lo que se ordenó invalidar la asignación efectuada “sin el proceso transparente y regular que debió ocurrir”. Resultado: se hizo un nuevo sorteo y salió asignado el Juzgado de Julián Ercolini.
Muchos dardos apuntan al Coordinador Técnico de la Dirección General de Tecnología, Gabriel Mehlman, removido a mitad de junio, cuando el escándalo había estallado.
En ese momento, la Administración General del Consejo dictó una resolución haciendo saber que en la semana del 6 al 10 de junio “han ocurrido gran cantidad de inconvenientes técnicos en los diferentes sistemas que utilizan las distintas dependencias que se encuentran en el ámbito de la Administración General Poder Judicial de la Nación, los que ocasionaron la pérdida de valiosa información y horas de trabajo de los recursos humanos pertenecientes a las mismas”, tras ello, el director de la repartición, Juan Carlos Cubría, desplazó a Mehlman, pero el Plenario del Consejo, aduciendo que no tenía facultades para ello, lo reincorporó.
La reglamentación de los sorteos
En el ámbito de la Justicia Federal, la Cámara del fuero, ejerciendo sus facultades de superintendencia, modificó la reglamentación de los sorteos en el año 2012, por medio de la acordada n°37. Respecto del funcionamiento del sistema informático, definido como un "registro único para todo el fuero, de asignación y seguimiento de causas".
La acordada explica que el sistema "instrumenta el sorteo de forma automática e igualitaria entre todos los juzgados que a la fecha de adjudicación se hallaren en turno", y está a disposición de "magistrados funcionarios y personal dependiente que actúa en las etapas del proceso que correspondan", y tiene carácter reservado "salvo que expresamente se habilitaren usuarios externos". También se admite que, cujando el sistema "se caiga", la asignación de causas se efectuará mediante el clásico bolillero
Los allanamientos
El expediente instruido por Servini de Cubría avanzó hasta tal punto que hace dos semanas se realizó un allanamiento de más de ocho horas en el octavo piso de la sede del Consejo, donde funciona la dirección de sistemas.
Fuentes del órgano le señalaron a Diario Judicial que del allanamiento se llevaron servidores, discos rígidos y demás elementos. El Consejo de la Magistratura inició una investigación interna interno para evaluar “posibles responsabilidades” de los funcionarios a cargo de la Dirección. La lleva adelante el mismo Cuerpo que tiene a cargo la auditoría de la Justicia Federal.
En el plenario de este jueves se puso en tela de discusión este punto. El Consejo planeaba discutir si oficiaba o no al Juzgado de Servini para pedir una copia de las actuaciones, pero el consejero Rodolfo Tailhade fue más ejecutivo y mostró copias del expediente: se había apersonado ante el Juzgado que lleva adelante la causa y pidió fotocopias.
Igualmente, el órgano resolvió hacer el pedido y además le dio 30 días más de plazo al cuerpo de auditores para que presenten el informe sobre el funcionamiento de la dirección de sistemas. Por otra parte, en el plenario de este jueves se puso en conocimiento que el sistema Lex100 se encuentra impugnado en el expediente llevado adelante en el Juzgado de Ariel Lijo
Muchas incógnitas se abren al respecto, y un dejo de sospechas recae en la posibilidad de “gambetear” una garantía constitucional por excelencia, la del “juez natural”. Los hábitos de consumo cambiaron y ahora las personas compran por Internet, parece que con la Justicia hacen lo mismo.