Nuevo expediente digital: un paso adelante y dos atrás

El futuro ya no es lo que solía ser, decía el escritor y científico Arthur Clarke. La frase puede ilustrar un poco la actualidad del sistema digital Lex100, que funciona para la gestión de expedientes en el Poder Judicial. Es que el expediente electrónico, pensado para que los Tribunales finalmente lleguen al siglo XXI y terminen con aquella sentencia de que “la Justicia lenta no es Justicia”, se transformó en una quimera para abogados y funcionarios judiciales.

El Lex 100 da un paso adelante y dos atrás. Hoy en día, notificar una resolución simple como una constitución de domicilio es un trámite que no tarda más de cinco minutos, cuando antes podía tardar semanas entre la confección de la cédula y el diligenciamiento. La nota electrónica le soluciona la tarea a los abogados que los martes y viernes se encontraban en un frenesí de Juzgados para evitar que se les notifique una resolución “ministerio legis”. El adjuntar un escrito en formato PDF permite que los letrados no tarden tiempo en una mesa de entradas esperando ver o retirar un escrito presentado por la contraparte.

Pero del otro lado, el sistema aparece lento, se sobrecarga e impide que los usuarios "suban" información al instante, lo que implica un mayor cúmulo de tareas. El fuero de Trabajo es testigo y víctima del mismo: se encuentra colapsado y el sistema electrónico le duplica las funciones. Los Juzgados tardan tres meses en sacar un despacho simple, lo que se traduce en una mayor extensión de los juicios y el consiguiente retardo de Justicia que afecta a los justiciables, que tienen que esperar, con este ritmo, un año más hasta cobrar una sentencia, y a los propios letrados, que deben aguardar para cobrar sus honorarios.

El resultado: tras varios reclamos e incluso peticiones formales por parte Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Corte Suprema tomó cartas en el asunto y ordenó que el fuero se intervenga, disponiendo la creación de 91 nuevos cargos y exhortando al Consejo de la Magistratura a que apure los concursos para los Juzgados del Trabajo. El fuero Civil, con menos problemas, tampoco es ajeno a la problemática.

Sin embargo, sobre el problema del uso del Lex 100, la Corte no se pronunció, aunque en el último tiempo el sistema se puso en el ojo de la tormenta, gracias a que se denunciaron hackeos a bases de datos y fallas en los sorteos de causas, como ocurrió cuando la causa Nisman arribó al fuero federal.

Un poco de historia

La implementación de medios electrónicos y digitales es un proyecto que tuvo su paso inicial en 2011, con la sanción de la Ley 26.685, que autoriza “la utilización de expedientes, documentos, firmas, comunicaciones, domicilios electrónicos y firmas digitales en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Nación, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales”, y le da a la Corte y al Consejo de la Magistratura la facultad de hacer las reglamentaciones pertinentes.

Poco tiempo, después, la Corte dictó la Acordada 31/2011 en la que dio el primer paso a la digitalización, anunciando la instalación de un Sistema de Notificaciones por Medios Electrónicos (SNE), exclusivo para las notificaciones electrónicas en los procesos judiciales. El proceso inicialmente sólo abarcó los expedientes en trámite ante el Máximo Tribunal y en 2013 se extendió a toda la Justicia Federal.

En ese tramo, la Corte dictó las acordadas 3/2012, 8/2012, 29/2012, 14/2013, 15/2013, 24/2013, 35/2013, 36/2013, 38/2013, 43/2013, 2/2014, 6/2014, 11/2014 y 3/2015 que continuaron con la reglamentación del sistema. La última fue objeto de críticas porque fue el paso definitivo para la digitalización del sistema.

La última, la Acordada 3/2015, que puso en pleno funcionamiento el expediente digital, fue impugnada en distintas ocasiones tanto desde la Unión de Empleados del Poder Judicial de la Nación y del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. La institución que comanda Jorge Rizzo recibió una avalancha de quejas por las fallas del sistema, fue por ello que la Acordada, prevista para mayo de 2015, no se puso en funcionamiento sino hasta mayo último.

Las críticas se escuchan con sólo caminar tribunales, especialmente en lo referido al fuero del Trabajo. Los letrados denuncian que el fuero, colapsado ya por el cúmulo de expedientes, se encuentra atrasado por la implementación del sistema. Incluso en Facebook se creó una cuenta “decile no al Lex100 en el Poder Judicial de la Nación”.

Las quejas también se oyen desde el propio gremio de judiciales. Claudio Sciolini, Secretario General de la Comisión Interna del Fuero del Trabajo, le señaló a Diario Judicial que el sistema “no está pensado para el fuero Laboral, ya que la Justicia del Trabajo funciona de oficio, lo que implica un mayor cúmulo de tareas para los juzgados”.

Entre otros problemas, Sciolini mencionó las fallas en la conectividad, lo que implica que el sistema “se cuelga”, lo que dificulta la tarea de todos los operadores de la Justicia.

“El sistema no es malo en sí, sino que funciona con dificultades, nosotros solicitamos que en el fuero del trabajo se haga una prueba piloto con tres Juzgados, para probar cómo funciona, pero se decidió implementarlo a todos los Juzgados”, expresa Sciolini, quien reconoce que hubo avances en el funcionamiento del sistema y  que, bien implementado, el Lex 100 ayudará al servicio de Justicia, pero que ello no ocurre en la actualidad.

Denuncias de hackeo

En abril, luego de que se resolviera que la causa en la que se investiga el fallecimiento del ex fiscal Alberto Nisman pasara al fuero Federal, hubo un extraño error al momento de sortear que juzgado tenía que tramitar el expediente, lo que originó la realización de una denuncia por parte del titular de la Cámara Federal, Martín Irurzun.

Fue gracias a que la secretaria General de la Cámara, Susana Echevarría, puso en conocimiento de Martín Irurzun de que hubo una falla en el Sistema de Gestión al designar el Juzgado de Sebastián Casanello,

Sin embargo, Echavarría denunció que al momento de realizar el sorteo la máquina en la que se operaba el registro “sólo mostró que el sistema estaba en proceso para luego indicar ‘fallo en la transacción’, sin dejar de señalar que se hallaba en proceso de asignación en la oficina actual”.

La secretaria puntualizó luego que “el sistema de gestión del expediente judicial nunca indicó la asignación de ningún juzgado del fuero en las circunstancias en las que debió hacerlo”, por lo que procedió a un segundo sorteo, en el que resultó designado para tramitar la causa el juzgado de Julián Ercolini.

Irurzun, en el entendimiento de que la falla acontecida en el Sistema de Gestión de Expediente Judicial pudo significar “una alteración que configure un delito de acción pública” realizó la denuncia.

Pero no fue un hecho aislado, otros dos casos de posible hackeo ocurrieron en el ámbito de la Justicia Federal de Corrientes. En la localidad de Paso de los Libres, se detectó que el sistema era monitoreado externamente. No sólo eso, también se borraron registros de sueldos de magistrados y empleados del Poder Judicial de la Nación.

Esa circunstancia  fue oportunamente denunciada por la magistrada que subroga el Juzgado Federal de esa localidad, Lucía Pozzer Penzo, quien puso en conocimiento de la situación a la Cámara Federal de Corrientes. Según informó la agencia Télam, Gendarmería se está encargando del asunto y se encuentra analizando desde qué dispositivos externos se accedió al sistema.

En principio, estos dos casos le costaron el cargo al Coordinador Técnico de la Dirección General de Tecnología, Gabriel Mehlman, el último 13 de junio. El Administrador General, Juan Carlos Cubría fue quien lo echó por la "gran cantidad de inconvenientes técnicos en los diferentes sistemas",

La resolución de la Administración General n° 1652/2016, a la que accedió Diario Judicial lo explica en duros términos “en fecha 6 de mayo del corriente año, la Dirección General de  Tecnología tomó conocimiento, mediante correo electrónico remitido por la responsable del Centro de Cómputos de la Cámara Federal de Apelaciones de Paso de los Libres, Provincia de  Corrientes, que la  computadora utilizada por la  titular de dicho Juzgado había sido vulnerada, hecho que quedó comprobado mediante una pericia realizada por agentes de la Gendarmería Nacional”.

Pero además “en  la  semana del 6 al  10 de  junio del corriente año han ocurrido gran cantidad de  inconvenientes técnicos en  los diferentes sistemas que utilizan las distintas dependencias que se encuentran en el  ámbito de  la Administración General Poder Judicial de la  Nación, los que ocasionaron la pérdida de valiosa información y horas de trabajo de los recursos humanos pertenecientes a las mismas”.

Sin embargo, finalmente Mehlman logró volver al cargo gracias a que el Consejo de la Magistratura – con voto de la mayoría- sostuvo que Cubría no tenía facultades para despedirlo sin antes poner en consideración al pleno del órgano.

Lo que viene

Hubo varias reuniones en el Consejo para tratar el tema. En febrero el presidente del Cuerpo, Miguel Piedecasas, recibió a directivos de las empresas que ganaron la licitación para implementar el sistema, entre los que se destacó el empresario Eloy Gómez Gutiérrez, cabeza de la empresa Base 100.

La licitación que ganó la empresa de Gómez Gutiérrez es un capítulo aparte. Existe una denuncia en la Justicia Federal por “irregularidades” en la licitación, que costó 70 millones de pesos, cifra que llega a 200 millones más si se tiene en cuenta el gasto de insumos y material tecnológico. Al parecer el software de gestión judicial que se compró ya pertenecía al Poder Judicial. La causa tramita ante el Juzgado Criminal Federal n° 4, a cargo de Ariel Lijo.

A raíz de las irregularidades en el sorteo de causas, se puso en marcha una investigación interna dentro del ámbito del Consejo y también hubo nuevas reuniones en el Cuerpo para tratar el tema.

La primera fue el 19 de mayo, donde Mehlman dio explicaciones sobre el funcionamiento del Lex 100, la segunda fue el 21 de junio, luego del despido del director de tecnología. En esta última oportunidad Mehlman “prosiguió respondiendo las inquietudes  sobre el funcionamiento  del mencionado sistema y todos los presentes estuvieron conformes en la mejora que se había producido desde el 19 de mayo próximo pasado en que se celebró el primer encuentro”, según detalla la web del Consejo, y que tras ello “se estableció que frente a cualquier otra dificultad específica, se convocaría a la celebración de una próxima reunión para satisfacer las necesidades de todos los actores que son usuarios del sistema en cuestión”.

Hubo otra reunión realizada el último jueves, donde se discutieron alternativas para la mejora del sistema. Fuentes del Consejo le indicaron a Diario Judicial que en la misma se hizo hincapié en la necesidad de implementar la fibra óptica para que el sistema funcione adecuadamente, lo que implicaría a priori un gasto cercano a los 10 millones de pesos. Parte de este gasto lo costearía el Ministerio de Justicia de la Nación. En la reunión no se habló de los plazos para que el proyecto se ponga en marcha.