Carlos Fabián Blanco integra la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, es académico, docente y secretario administrativo de Fundejus. El magistrado, que actuó en casos resonantes: como juez de Ejecución rechazó un pedido de libertad condicional de Fabián Tablado e tuvo una intervención, como camarista, en la causa por el asesinato de María Martha García Belsunce. Blanco admitió a Diario Judicial que con sólo el cambio en los “papeles” de un sistema inquisitivo a uno acusatorio no se logra modificar el sistema, sino que es necesaria la capacitación para lograr modificar las prácticas de los operadores judiciales. Además, destacó la necesidad de hacer efectivo el funcionamiento de la Policía Judicial, ya que considera que la Policía de Prevención “no puede más investigar los hechos penales”.
¿Las modificaciones en la legislación procesal de la Provincia de Buenos Aires han servido para cambiar los problemas en relación a la persecución del delito?
Ningún cambio normativo de por sí va a modificar la realidad. Hoy hay problemas de gestión de la Justicia. Es necesario también cambiar las prácticas. Si yo digo que soy acusatorio pero sigo siendo inquisitivo, lo que pasa es que invierto muchos recursos pero no cambio la realidad. Entonces, no solamente hay trabajar desde el plano normativo, sino que hay que impulsar el cambio desde el hacer diario de los operadores judiciales. En la Provincia de Buenos Aires tenemos esa experiencia. Decimos que tenemos un sistema acusatorio y a veces en la práctica sigue siendo inquisitivo. Hay que hacer programas de capacitación en el cambio de práctica. Si hay puntos interesantes, que se han incorporado en la Provincia de Buenos Aires y no hay que ir a otros países para buscar buenas experiencias, es respecto de los procedimientos de flagrancia, incorporados al Código Procesal Penal durante la gestión del ex ministro de Justicia Ricardo Casal. El procedimiento dio muy buenos resultados en la Provincia, fundamentalmente porque resuelve delitos de menor cuantía que son los que molestan a los vecinos. Hoy en día delitos como amenazas, daños o lesiones leves tienen respuesta desde el sistema judicial y antes quedaban apiladas las denuncias. En concreto: todo cambio normativo también precisa un cambio de prácticas, y lo que veo es que está faltando mayor planificación a la hora de cambiar la forma de trabajo. Va a haber resistencias en los operadores, ya que nadie quiere cambiar, pero se van a dar cuenta que el sistema acusatorio es mejor. También se requieren prácticas en la organización judicial.
¿Qué tipos de prácticas son necesarias?
Por ejemplo, se pueden concretar plantas de empleados compartidos, edificios u oficinas compartidas. Si nadie se deja operar por un enfermero, ¿cómo puede ser que un empleado de Juzgado tome declaración indagatoria, de la que puede surgir la prisión perpetua de un señor?. Una propuesta interesante es la de oficinas judiciales compartidas. Un “pool” de jueces, un grupo de jueces, sin empleados, que se dediquen a resolver el caso, a tomar una audiencia. Esto procura optimizar recursos humanos y recursos materiales, porque hoy en día cada juez tiene “su” edificio, “su” personal. Entonces, si una misma silla la ocupa, de 10 a 12, un juez, de 12 a 14 otro, podemos racionalizar los recursos. A veces no necesitamos más recursos, sino optimizar los que tenemos.
¿La Policía Judicial es un buen proyecto para optimizar las investigaciones?
Está claro que la Policía de Prevención no puede más investigar los hechos penales, porque se ha armado un sistema de corrupción en donde el personal policial, el oficial de calle, es el que selecciona qué caso ingresa al sistema y qué caso no. Entonces, la Policía de Seguridad, que trabaja en la prevención, y que luego podrá proceder a la aprehensión del delincuente, pero después, debe delegar el sumario en un cuerpo independiente. Independiente también del Poder Ejecutivo, porque recordemos que las fuerzas de seguridad en la Provincia dependen de la Gobernación. Me parece que es un buen paso que los peritos no dependan de la Policía sino de este cuerpo de investigadores, junto con el investigador, que sea una persona capacitada en este ámbito. Así que es un desafío, que sea una política pública y que sea entendida como necesidad: que el que investigue sea diferente del que prevenga.
¿Qué puede destacar de los proyectos de reforma de la Legislación provincial?
Lo importante de las reformas judiciales que se vienen ahora, es reconocer a la víctima como actor principal. Y esto es que pueda participar, y con un rol proactivo. Y cuando hablamos de rol proactivo, es que pueda opinar. Y cuando hablamos de participar, lo decimos en carácter de ciudadano, y no solamente como damnificado sino también a la hora de tomar decisiones. Es por ello que considero que el juicio por jurados es una demostración de que el ciudadano puede involucrarse en la toma de decisiones.
Muchos magistrados son reacios a aceptar la figura del querellante, mucho más si se trata del querellante autónomo, cuando no existe siquiera acusación fiscal…
En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires estamos discutiendo hoy en día si el damnificado puede llevar adelante la investigación sin la intervención del fiscal. Hay que reconocer también que desde la reforma procesal de 1998 se le ha facilitado a la víctima tener participación en los procesos. Tanto sea con el Centro de Asistencia a la Víctima, donde el damnificado encuentra orientación, le explican el proceso y los derechos que le conciernen, y la Casa de Justicia, que es una forma de descentralización de la Justicia, porque están fuera de las cabeceras departamentales, eso permite que los vecinos, en vez de trasladarse a las cabeceras departamentales, puedan encontrar cerca de sus casas una orientación. Creo que lo que hay que fortalecer en la Provincia es la posibilidad de un patrocinio jurídico gratuito efectivo. Hubo jurisprudencia que obligó al Ministerio Público a brindar ese patrocinio, no se ejecutó. Se intentó en las últimas gestiones que los Colegios de Abogados garanticen un patrocinio jurídico gratuito, pero no todos están implementándolo con fuerza. El desafía es que la víctima conozca sus derechos y que a su vez pueda hacerlos efectivo. Esto hay que trabajarlo desde el ámbito de los operadores judiciales, porque a veces la víctima “incomoda”, y a veces es más barato tenerla un poco “dibujada” en los papeles, y la Provincia tiene que trabajar en ser facilitador para que la víctima actúe.
¿Cómo entra a jugar el avance tecnológico en estos temas?
Si tomamos los últimos 25 años, que es la vida de Fundejus, se ha avanzado notablemente. Hoy tenemos un registro único de expedientes con el Ministerio Público Fiscal, que me permite a mí controla en qué estado está un expediente accediendo a la computadora. Insisto, hay resistencia al cambio, pero creo que se ha dado un paso de calidad al aplicar herramientas informáticas para mejorar su utilización en los casos que nos llegan hoy a nuestros despachos.
¿Y con respecto a los recursos humanos?
En la Provincia de Buenos Aires el sistema de ingreso ha avanzado. Antes para entrar al Poder Judicial había que someterse a la “esclavitud”: trabajaba “gratis” como meritorio varios años hasta que lograba el nombramiento. Hoy por hoy se terminó con los meritorios, hay concursos cada 3 años en toda la provincia y hay un padrón de candidatos. Se advierte que entran más abogados que no abogados, 30 años atrás entraba mucho más personal no vinculado a la abogacía.