Daniela Dupuy es la titular a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. En diálogo con Diario Judicial, Dupuy señaló que la pornografía infantil es el ciberdelito con mayor crecimiento y destacó la importancia de los mecanismos de cooperación internacional para llevar adelante las investigaciones.
¿Cuáles son los delitos informáticos más comunes?
Hoy por hoy sería un error hablar de delitos informáticos como si fuera una lista cerrada. En la investigación de todos los delitos se necesita recolectar evidencia digital, por ejemplo, si investigo un homicidio lo más probable es que busque la última actividad del sospechoso. En nuestra Fiscalía, el delito que ocupa el primer lugar por la cantidad increíble de casos es la pornografía infantil.
¿Van en aumento?
Desde que se creó la Fiscalía hasta la actualidad, la pornografía infantil es uno de los delitos que más investigamos, esto se debe a varias razones como el anonimato y la facilidad de intercambiar este tipo de material, que generalmente es a título gratuito. Además, la gente tiene más información sobre dónde denunciar. Por otro lado, de a poco se están profundizando los mecanismos de vinculación internacional, por ejemplo, cuando se investiga una red de pornografía infantil en Alemania y se toma conocimiento que desde la Argentina se habría subido material, nos remiten y nos ponen en conocimiento para que nosotros empecemos a investigar. Además, la Fiscalía General de la Ciudad firmó un convenio con National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), una organización estadounidense que, a través de una ley federal, exige a las empresas proveedoras de servicios poner en conocimiento cuando uno de sus clientes sube material pornográfico infantil a la red.
¿Desembocan en un elevado número de detenciones?
Tenemos leyes con penas no muy altas, por lo cual esto quizás nos permite conseguir muchas condenas desde la Fiscalía, pero si los imputados no tienen antecedentes penales quedan en libertad porque son penas en suspenso. Con las leyes que tenemos es raro que, con el delito meramente de distribución de pornografía infantil, una persona sin antecedentes quede presa. Lo cierto es que nuestras investigaciones son cada vez mejores porque institucionalmente se brindan los recursos humanos y materiales y, además, contamos con el aporte técnico del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y de la Policía Metropolitana, quienes tienen las herramientas para recolectar la evidencia digital. Todo esto conforma un cuadro muy potente a la hora de hacer una buena investigación.
¿La legislación está prepara para este tipo de delitos?
La legislación está preparada, ya que en 2008 se dictó la Ley de Delitos Informáticos donde se adaptaron muchas conductas al avance de las nuevas tecnologías. El delito de pornografía infantil tuvo algunas modificaciones y ajustes respecto a la delimitación de la conducta a investigar, pero no en cuanto a la pena.
En su opinión, ¿cree que se debe penar la tenencia de pornografía infantil?
En mi opinión, sí. En la actualidad, la tenencia por sí misma no es delito. Aunque la doctrina y la jurisprudencia están divididas a nivel internacional, la persona que tiene y colecciona pornografía infantil demanda cada vez más y quiere material diferente, pero para ofertar y producir ese material hace falta que abusen sexualmente de un niño.
¿Cuáles son los mayores problemas que se presentan en la investigaciones?
Uno de los mayores problemas es la falta de normas procesales adaptadas a las nuevas tecnologías. Tenemos códigos procesales penales que hablan de secuestros de objetos y cosas, pero no de datos; de allanamiento de morada, pero no de registro de dispositivos de almacenamiento informático; de las cosas que vamos a secuestrar dentro de un ámbito físico, pero no dentro de un ámbito virtual. La realidad es que sería mejor si tuviéramos una norma procesal que expresamente nos permita a los fiscales adaptarnos a la letra de la ley, también en respeto de las garantías procesales del imputado.
Y respecto a la recolección de la evidencia digital...
No tenemos problemas, ya que las diferentes fuerzas tienen áreas relacionadas con el cibercrimen y, además, poseen los instrumentos y los recursos humanos capacitados para recolectar la evidencia digital en cada uno de los allanamientos, para luego hacer un análisis del material secuestrado. Sin embargo, en algunas provincias hay inconvenientes y, por ello, es hora de poner la mirada institucional allí para que haya fiscales y jueces que estén a la altura de las circunstancias y una fuerza de seguridad o policía judicial para la recolección de la evidencia digital.
¿Cómo se resuelven las cuestiones relacionadas con la competencia?
Pueden darse los casos donde una persona comete un delito en una ciudad, el servidor está en otra y la víctima en otro lugar. Por ello, es muy importante afianzar los mecanismos de cooperación internacional para cuando un país requiera información en una determinada investigación, esto se lleve a cabo ágilmente con tratados adaptados a los tiempos de las nuevas tecnologías. El problema de la evidencia digital es que es volátil y, en consecuencia, requiere activar y acortar los plazos en los mecanismos de cooperación internacional.
En aquellos casos donde requieren colaboración de los proveedores de servicios, ¿se encuentran con obstáculos?
Por lo general no encontramos obstáculos, ya que está bastante agilizada la relación entre el sector privado y la Fiscalía.
¿Existen problemas respecto a los plazos para brindar información?
Cada uno tiene su “librito” respecto a la política empresarial y legal. Al no estar reglamentado, cada uno responde en los tiempos que le parece. Asimismo, muchas veces tenemos que acordar el contenido de lo que uno necesita para la investigación y ellos también nos dicen que es lo que no pueden entregar.