La Corte Suprema de Justicia presentó su informe de gestión, elaborado por su Secretaría de Administración General, donde se muestran comparaciones en relación a los gastos del Tribunal en relación con la Administración Pública Nacional. También se encarga de aclarar que no tiene nada que ver con los números del Consejo de la Magistratura.
Este jueves la Corte Suprema presentó su informe de gestión de los últimos ocho años. En una reunión presidida por el secretario General de Administración, Daniel Marchi, y en la que estuvieron presentes el presidente del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti y el ministros Juan Carlos Maqueda, la Corte rindió cuenta de sus gastos desde 2008 hasta fines de agosto de 2016.
También fueron de la ocasión el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, el ministro de Justicia, Germán Garavano, el titular de la AFIP, Alberto Abad, titular de la AFIP y el titular de la Auditoria General de la Nación, Oscar Lamberto, entre otros.
A su vez, se acompañó un detalle de la ejecución de obras de infraestructura ejecutadas y en ejecución del Palacio de Justicia y de otros edificios dependientes de la Corte, como el de Comodoro Py 2002, Lavalle 1250 –donde funciona la Oficina de Violencia Doméstica- o el del archivo de expedientes y a depósitos de automotores para subastas, cito en Villarino 2010, Barracas.
Según la Secretaría General de Administración, se viene aplicando a su gestión los principios de “responsabilidad fiscal”, como el equilibrio financiero y la administración de gastos. Siempre según el texto del informe, gracias a esa “política” se lograron registrar 104 meses seguidos de superávit, y gracias a eso las arcas de la Corte cuentan con una reserva de $11.000 millones, colocadas en bancos públicos.
La Corte brindó comparaciones con los presupuestos y ejecuciones presupuestarias con la Administración Pública Nacional. El informe expone que durante el periodo 2008-2016 los superávits de la Corte fueron parte del superávit de la Administración Pública, y que, cuando los números dieron en rojo, fue el Máximo Tribunal quien “ayudó” a disminuir el déficit.
Siempre según el detalle publicado, en términos de ejecución presupuestaria, la Administración Pública Nacional se muestra deficitaria en $700.000 millones, mientras que en Talcahuano 550 se jactan de tener superávit de $10.000 millones.
Las comparaciones siguen: desde el Máximo Tribunal dicen que se bajó la cantidad de personal, que en 2008 era del 77% y en 2016 bajó al 63%, “lo que contrasta con el crecimiento de la Administración Nacional, cuyo crecimiento superó el 36% en ese mismo periodo”.
El informe de gestión además se encarga de aclarar que la Corte nada tiene que ver con el Consejo de la Magistratura en materia de gastos. Señala que los gastos del Alto Tribunal son en ejercicio del gobierno del Poder Judicial de la Nación y que el Consejo es “otro órgano del Poder Judicial con administración propia”.
“Esto significa que la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura tienen sus propias administraciones, sus propios presupuestos, sus propios criterios de administración” reitera el informe: ¿Será una crítica al manejo de fondos del Consejo?