La Corte Suprema habilitó cargos de jueces para nuevos tribunales, que aún no comenzaron a funcionar. La medida se adopta en el marco de una crisis por la falta de designación de magistrados, con reclamos al Consejo de la Magistratura incluidos.
Hay ciertas medidas que, analizadas en un contexto, sirven como un meta mensaje. La Corte Suprema de Justicia, una semana después de enviarle una nota solicitándole al Consejo de la Magistratura de la Nación que “arbitre las medidas que sean necesarias para darle celeridad a los procesos de designación de magistrados”, habilitó cargos para jueces para Tribunales que ni siquiera comenzaron a funcionar.
En su acuerdo del último martes, el Máximo Tribunal creó los cargos de jueces federales de Primera Instancia y de Cámara para Tribunales creados por Ley, pero que aún no se pusieron en marcha. Incluso se seleccionó a los magistrados que van a integrar esos Tribunales.
Se trata de los cargos de Juez de Primera Instancia para Rawson, Chubut; Goya, Corrientes; Moreno, Provincia de Buenos Aires, otros dos magistrados en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo para San Justo, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires.
También se crearon tres cargos de Juez de Cámara para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 de Salta, otros tres para el Tribunal Oral en Concepción del Uruguay, Entre Ríos y para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 8 de la Capital Federal. Además, dos cargos para la Cámara Federal de La Matanza.
“Esta Corte Suprema viene poniendo de resalto, de forma insistente y ante los distintos Poderes y órganos competentes, la delicada situación en la que se encuentra el Poder Judicial de la Nación, derivada de la existencia de una cantidad significativa de cargos judiciales vacantes”, aseguraron los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
El problema de la falta de jueces
Los supremos señalaron nuevamente, como una semana atrás, que esa situación se traduce “en un importante número de designaciones de jueces subrogantes”, y que ello pone de manifiesto “que el carácter extraordinario del sistema de integración y reemplazos se está desvirtuando, en desmedro del desarrollo regular de la administración de justicia”. Según estimaciones, un cuarto del total de cargos de la Justicia Nacional y Federal se encuentran vacantes.
Esa circunstancia alarmó a distintos sectores de la sociedad civil: el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación de Derechos Civiles (ADC) compartieron la preocupación expresada por la Corte.
“De los 992 cargos de jueces nacionales y federales, 324 posiciones permanecen vacantes. En consecuencia, que 1 de cada 3 cargos de jueces se encuentre vacante, ciertamente, es un dato de la realidad institucional que preocupa e interpela”, señala un documento publicado la última semana, en consonancia con el pedido de la Corte.
Las asociaciones señalaron que ello no es “un problema súbito” sino que se trata de “una cuestión que se ha vuelto crónica a pesar de su excepcionalidad”.
“La persistencia de la provisionalidad de los jueces o el hecho de que una importante cantidad de ellos se encuentre en esa condición, desvirtúa el desarrollo regular de la administración de la Justicia.
La garantía de independencia judicial, que no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar su imparcialidad, se conjuga con el principio básico de que toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales ordinarios de acuerdo a los respectivos procedimientos legales”, cuestiona el documento.
La Corte y el Consejo se tiran la pelota
En el marco de los intercambios de oficios entre la Corte y el Consejo, este último le informó que esos magistrados fueron designados para desempeñarse en esos Tribunales, pero que al no estar cumplidas las condiciones de infraestructura o presupuestarias necesarias – “cuya provisión se encuentra dentro de las competencias constitucionales de dicho órgano", se encargaron de aclarar los supremos- no fueron habilitados.
Por otra parte, desde el Consejo también informaron que para el ejercicio presupuestario de este 2016 se encontraban previstos los créditos y gastos necesarios para afrontar la habilitación de los jueces.
Ante ese escenario, la Corte, destacando que existe una “situación excepcional” en el Poder Judicial “debida a Ia gran cantidad de cargos de jueces vacantes existentes”, dispuso la habilitación de los cargos, encomendando al Consejo a que los designe como subrogantes en las vacantes existentes y autorizó a las Cámaras Federales de las Provincias en dónde se crearon los Juzgados, a tomarle juramento a los magistrados designados.
Las órdenes al Consejo no terminaron allí. Los supremos además lo exhortaron a que “arbitre las medidas que sean necesarias” para dotar a esos Tribunales de las “condiciones de infraestructura, recursos informáticos e insumos que resultan necesarios a fin de proceder a su habilitación definitiva”, lo que para la Corte “constituye una prioridad insoslayable”.