El juicio de flagrancia puede esperar un poco más

Cuando aún no entró en funciones el Código Procesal Penal de la Nación aprobado en 2014, el oficialismo se presta a aprobar un proyecto de reforma para llevar adelante las investigaciones penales de la Justicia Federal.

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, presentó un proyecto de ley para modificar el Código de Procedimientos, que pasará a llamarse Código Procesal Penal Federal. Según los fundamentos del mismo, se encuentra enmarcado en el programa Justicia 2020.

Este jueves la iniciativa fue defendida por el ministro de Justicia, German Garavano, quien además anunció la postergación de la implementación del procedimiento de flagrancia, aprobado el pasado septiembre.

En su audiencia de este jueves ante la Comisión Bicameral Ad Hoc para el seguimiento del CPPN, Garavano manifestó que “es necesario un código que dé respuesta a los problemas de la gente” y reconoció que “el Gobierno sigue una política de Estado que inició la gestión anterior para avanzar hacia el sistema acusatorio”.

“El primer punto que es central es que el nuevo código sirva para que la Justicia Federal pueda ir disminuyendo la delegación de funciones que tienen varias juzgados provinciales. Por eso, preferimos optar por cambios específicos del Código Procesal manteniendo el espíritu del sistema adversarial (o acusatorio) y mantener la lógica del sistema”, adelantó Garavano en su exposición.

Según el titular de la cartera de Justicia, el proyecto que se piensa implementar en el año 2017 se enfoca en que los “jueces y fiscales puedan avanzar” contra las organizaciones criminales complejas, y pone mayor foco en el “rol de la víctima” a lo largo del proceso.

Uno de los puntos centrales de todo Código de Procedimientos es lo relativo a las disposiciones que hacen a la libertad a lo largo del proceso y el encarcelamiento preventivo. En otras palabras, cómo se legislará en torno a las excarcelaciones.

El proyecto de Código Procesal Penal Federal incorpora como pauta para tener acreditado el peligro de fuga "la imposibilidad de aplicación de condena condicional, como así también la hostilidad del imputado al momento de su detención”, y el “aseguramiento de las ganancias producidas por el delito y el hostigamiento a la víctima o a testigos", en lo referente al entorpecimiento de las investigaciones. Se trata de los dos elementos centrales que debe tener un magistrado a la hora de decidir sobre la concesión – o no- de la libertad de los sujetos sometidos a proceso", explicó.

Al respecto, Garavano señaló que con la reforma “lo que hacemos es establecer pautas objetivas para estos dos supuestos"

El procedimiento de flagrancia, stand by

El nuevo procedimiento, aprobado por el Senado el último 7 de septiembre y que generó crítica de parte de varios sectores de la Administración de Justicia, porque prevé, entre otras cosas, prevé la realización de una audiencia oral dentro de un plazo de 24 horas en casos de personas que son detenidos al momento de cometer el delito, fue suspendido hasta nuevo aviso. Garavano lo anunció este mismo jueves ante la Bicameral

Estaba previsto que esta semana se publique en el Boletín Oficial el texto de la Ley y que su entrada en vigencia sea para el próximo 11 de octubre. Sin embargo, el gobierno dio marcha atrás con esa idea. El Ministro de Justicia explicó que le indicaron a la Secretaría General de la Presidencia “que demorara la publicación de la ley por unos días para poder hacer los ajustes reclamados por la Justicia".

El ministro defendió el proceso incorporado por la ley, que a su criterio se circunscribe dentro de la “lógica del nuevo sistema acusatorio”. Garavano sostuvo que se convocó “a una reunión interpoderes, entre la Corte, el Consejo de la Magistratura, las cámaras, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el Congreso, para revisar todas las cuestiones necesarias para hacer una implementación eficaz”.