El poder ejecutivo de Santa Fe firmó un acuerdo con la procuradora Alejandra Gils Carbó para la creación de una delegación regional de la Procuraduría de Narcocriminalidad en la provincia. El organismo se instalará en Rosario y coordinará las funciones con con el Ministerio Público de la Acusación.
El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, firmó un convenio con el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Alejandra Gils Carbó, para crear una delegación regional de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), con asiento en la ciudad de Rosario, en un marco de cooperación en materia de narcocriminalidad y delitos vinculados entre el organismo y el Ministerio Público de la Acusación provincial, a cargo del Fiscal General Julio de Olazábal.
El acuerdo tiene como objetivo fortalecer la persecución penal contra las organizaciones narcocriminales como parte del trabajo articulado del Ministerio Público Fiscal Federal junto al Ministerio Público de la Acusación provincial y la Gobernación de Santa Fe.
“Este acuerdo que estamos celebrando se da en el marco del trabajo que hemos logrado coordinar con el gobierno nacional para encarar de manera conjunta y con presencia de fuerzas federales esta tarea en todo el territorio provincial, pero debo decir también que este acuerdo lo veníamos gestionando con la procuradora desde antes y se inscribe dentro de una estrategia que está llevando adelante la Procuraduría en otras provincias, y realmente nos parece un paso adelante fundamental”, expresó el Gobernador Miguel Lifschitz.
El Gobernador señaló que los tres poderes del Estado “tienen igual responsabilidad en la tarea de brindar soluciones a los ciudadanos y de generar bases más propicias para el desarrollo del país, y en este punto, el de enfrentar al delito organizado, requiere necesariamente de esa articulación”.
“El trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad, como así también el de la justicia federal y la provincial, con una participación activa de los gobiernos locales, es la mejor fórmula para lograr resultados duraderos, no solo medidas de efecto o de coyuntura, sino soluciones y propuestas sólidas para mejorar las condiciones de seguridad en el futuro”, añadió el mandatario, y agregó que “hay vocación y voluntad de trabajo en todos quienes hemos acordado esta propuesta para poder avanzar significativamente”.
Por su parte, Gils Carbó declaró que “este acuerdo significa una segunda etapa en el fortalecimiento de la acción conjunta entre el Ministerio Público de la provincia, el federal y la Gobernación. En aquella primera etapa habíamos creado la figura del fiscal coordinador de distrito, con un mandato específico de interacción hacia el Ministerio Público provincial y hacia las políticas de la Gobernación en la lucha contra el crimen organizado”.
“En esta segunda etapa damos un paso más allá al crear algo que venimos haciendo también en la provincia de Salta, que es una dependencia local de la Procuraduría de narcocriminalidad y esto significa avanzar en el proceso de descentralización y federalización”, sentenció la titular del MPF.