Por la denuncia de una funcionaria policial, la Justicia de Salta dispuso que la Policía brinde capacitación a sus efectivos sobre violencia laboral e institucional con perspectiva de género. La jueza afirmó que a la mujer "se la violentó psicológicamente mientras se encontraba embarazada con un trato humillante, con un hostigamiento constante, y con restricciones infundadas".
La titular del Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Elba Susana Menéndez dispuso que la Policía de Salta brinde capacitación a sus efectivos sobre violencia laboral e institucional con perspectiva de género e instruir a la Dirección de Recursos sobre el tratamiento que debe darse a las mujeres con licencia por maternidad.
En la causa “G., Y. G. contra M., J. C. por Violencia de Género” la mujer solicitó que se adopten medidas de protección necesarias contra el hostigamiento que viene sufriendo como personal policial desde el 2015 mientras se encontraba gestando su embarazado
La jueza analizó el caso en el marco de la Ley Nacional 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales”.
En este sentido, recordó que “tiene por objeto garantizar y promover entre otros aspectos la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida, es decir toda restricción o exclusión que basada en el sexo que produzca un menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer de sus derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.
“El Estado debe garantizar a las mujeres el goce de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad en el plano labor, mucho más cuando el uso de licencia médica obedece a afecciones físicas o psicológicas derivadas de la violencia de genera ejercida contra la víctima”, explicó la magistrada.
Al respeto, la sentenciante destacó que “se evidencia que se la violentó psicológicamente mientras se encontraba embarazada con un trato humillante, con un hostigamiento constante, con restricciones infundadas, que lejos de proteger la maternidad fue utilizada como una causa de discriminación, reforzando estos actos con violencia económica (…)”.
“La denunciante desempeñándose como personal policial requirió por su estado de gravidez una protección especial, por el contrario la maternidad se constituyó en causa de discriminación laboral”, sostuvo y remató: “No cabe duda alguna que la situación planteada en la denuncia nos coloca frente a un supuesto de violencia de género”.
La jueza también advirtió que se cometieron actos de violencia institucional, por entender que “fueron funcionarios públicos lo que impidieron a la misma el goce integral los derechos consagrados en la ley”.
De este modo, la jueza ordenó al Comisario General de la Unidad Regional N°4 de Tartagal “abstenerse de ejercer actos de violencia física o psíquica personalmente o por parte de sus subalternos, o de insultar, agraviar o proferir palabras groseras o amenazar de alguna manera a la denunciante, quien se desempeña como agente en la comisaría 41 de General Mosconi”.
También ordenó a la Policía de Salta que “se restituya a la denunciante la suma equivalente a los días en que fue suspendida durante el usufructo de la licencia por maternidad, ya que la jueza estimó que esa medida resultaba improcedente”, y deberán garantizar a la mujer el uso de los días de licencia médica que fueran necesarios para reparar la violencia sufrida, hasta su recuperación total, tanto física como psicológica.