La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó una codena de cuatro años de prisión a una familia de Puerto Madryn por venta de estupefacientes en su domicilio pese a que la marihuana se le encontró a uno solo de sus integrantes.
En los autos "A., D. N. y otros s/recurso de casación", la Defensora Pública Oficial de Chubut, María Fernández, interpuso un recurso de casación contra la sentencia de grado que condenó a una familia por venta de estupefacientes.
La procuradora expresó que el material estupefaciente fue hallado en poder de sólo uno de los condenados y no se explica porqué se le atribuye a toda la familia. Además, la escasa concentración de THC que se registró en el material estupefaciente encontrado no llega al límite que puede absorberse en la inhalación.
Ante ello, los integrantes del Tribunal sostuvieron que quedó demostrado que tres de los imputados eran visitados asiduamente en su domicilio, por muchas personas donde intercambiaban pequeños objetos, visualizándose que eran a veces de dinero y de cigarrillos de marihuana de armado artesanal. Asimismo, durante las pericias se hallaron un cuaderno de dinero que decía “Compra y Venta”, tabletas de pastillas y numerosa plata distribuida en la vivienda.
Sobre la cantidad de THC, los jueces resaltaron que “más allá de las interpretaciones defensistas que cupieron de la pericia bioquímica realizada, lo cierto es que ella determinó entre los efectos secuestrados, la presencia de elementos toxicomanígenos en la calidad y las cantidades explicitadas, que eran prohibidas por la ley y no fueron oportunamente impugnadas".
La jurisprudencia citada por los magistrados que el delito de comercialización de estupefaciente, la Ley 23.737, en modo alguno establece como requisito para su configuración la constatación de un mínimo de capacidad toxicológica por cada cigarrillo de marihuana confeccionado.
En ese sentido, en los elementos de prueba reunidos, corresponde poner especial atención a la pericia química efectuada que despeja cualquier duda respecto de su capacidad lesiva y de afectación al bien jurídico protegido por la norma de la salud pública.
Por todo lo expuesto, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, resolvió confirma las tres condenas a cuatro años de prisión, y una condena a dos años de prisión en suspenso por la comercialización de estupefacientes.