La Cámara del Crimen se manifestó en contra del traspaso de competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. El Tribunal, en pleno, manifestó su preocupación “sin consenso previo” ni “planificación adecuada”. Además, denunció que el “vaciamiento” de su jurisdicción afecta a magistrados, funcionarios y al “servicio público que se presta”.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional es otro de los Tribunales que se pronunció en relación al proyecto de Ley que propone el traspaso de los jueces nacionales al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y lo hizo del mismo modo: se mostró tajantemente en contra.
El pleno del Tribunal, que es la Alzada de los Juzgados Nacionales de Instrucción y los Correccionales en el ámbito de la Capital Federal suscribió una Acordada en la que le hace saber a las autoridades nacionales y de la CABA objeciones al proyecto de traspaso.
Los camaristas Rodolfo Pociello Argerich, Mariano Gonzalez Palazzo, Carlos González, Luis Bunge Campos, Jorge Rimondi, Mauro Divito, Julio Lucini, Ricardo Pinto, Mariano Scotto y Liliana López González señalaron que “las reformas en materia de justicia penal federal y nacional que se vienen proponiendo carecen de estudios previos que requiere una modificación de la magnitud como la que se pretende”.
La Cámara del Crimen hizo referencia a la batería de medidas que van desde el Código Procesal Penal, las leyes de reforma del Ministerio Público Fiscal y de Defensa, y que incluyen también los proyectos de traspaso como así también la reciente aprobación del procedimiento de flagrancia, que todavía no entró en vigencia “a raíz de las serias dificultades advertidas” por la propia Cámara.
Los jueces, “sin entrar en el análisis constitucional” del convenio de transferencia de delitos, consideraron indispensable que “se evalúe con seriedad” la necesidad del mismo, “y el impacto que pueden tener las decisiones que se adopten sobre el servicio público que se presta”, con mayor razón atento “la demanda social para investigar y sancionar de forma justa y expedita los delitos”.
La acordada pone de resalto la preocupación ante la existencia de una decisión de transferencia “sin un consenso previo, carente de una planificación adecuada que tenga en cuenta el impacto en las investigaciones en curso, el futuro enjuiciamiento de hechos delictivos y los derechos adquiridos de las personas que componen este fuero”.
Los camaristas expresaron “su profunda inquietud” ante una transferencia de delitos sin ser consultados. “resulta cuanto menos incongruente e irrazonable”, subrayaron.
Es que para los magistrados el problema radica en la falta de cobertura de vacantes, que en los Juzgados de Instrucción llegan a 16 cargos de juez. “Este es parte del problema que necesita solución, y no es el traspaso la respuesta”, resumieron. Los camaristas prevén que la transferencia “generará más trabajo a una estructura judicial más acotada” como es la de la CABA.
“El vaciamiento del conocimiento de los asuntos de esta jurisdicción, sin aplicar una competencia que tenga en cuenta las reales necesidades de la administración de justicia, no sólo afecta la estabilidad de los magistrados de este fuero, de los funcionarios y del personal altamente calificado, sino también al servicio público que se presta”, remataron.