Tras una siesta en el Congreso y en medio de críticas y apoyos, el proyecto que busca modificar el régimen de accidentes de trabajo logró un dictamen favorable en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. Días atrás, hubo una reunión entre el Ministro de Trabajo y representantes de Cortes provinciales. El presidente de JuFeJus, Rafael Gutiérrez, le dio detalles a Diario Judicial.
Parecía que iba a morir en un suspiro, pero la iniciativa de efectuar una nueva modificación a la Ley de Riesgos del Trabajo que dispone otorgar un rol preponderante a las comisiones médicas para bajar la “alta litigiosidad” en este tipo de casos, volvió a tomar impulso esta semana con la aprobación, este miércoles, del proyecto girado por el Poder Ejecutivo por parte la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.
Según informan allegados al Congreso, la reforma sería aprobada por el seno de la Cámara Alta a mediados de diciembre. De ser así, es el primer paso para que se la obligatoriedad del trámite ante las Comisiones Médicas como instancia previa y obligatoria para solicitar las prestaciones que otorga la LRT para trabajadores accidentados.
Voces a favor y en contra
La medida ha tenido apoyo desde diversos sectores de la Justicia. El último viernes el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, junto con el superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, tuvieron una reunión con la Comisión Directiva de la Junta Federal de Cortes Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJuS), donde dieron detalles del proyecto, que busca “solucionar un problema de vieja data, que es la inequidad que plantea el sistema de riesgos del trabajo”, en palabras de Triaca.
De la reunión, que se realizó en la sede de JuFeJuS, estuvieron presentes el presidente de la Junta, el supremo santafecino Rafael Gutiérrez, y representantes de las justicias de Salta, San Luis, Corrientes, Formosa, La Pampa, Entre Ríos, Mendoza, Catamarca, Chaco, Chubut, Misiones, Tucumán, Neuquén, Tierra del Fuego, Formosa, Río Negro, Santiago del Estero, San Juan, Chaco y la Ciudad de Buenos Aires. No hubo representantes ni de la Provincia de Buenos Aires ni de la Justicia Nacional del Trabajo, los lugares en donde recaen la mayoría de las demandas contra las ART.
Según informa la cartera de Trabajo, Los magistrados provinciales consideraron “correcta” la intervención de las Comisiones Médicas antes de la homologación de los acuerdos, en caso de haberlos, pero también instaron porque se propicie “una norma justa y equilibrada”, en defensa de los trabajadores.
En diálogo con Diario Judicial, el juez Gutiérrez celebró que se haya efectuado la reunión. "Fue muy positiva", opinó. El magistrado relató que durante el mitín, "muchos presidentes de Cortes dieron detalles de la actualidad de los conflictos referidos a la Ley de Riesgos del Trabajo, donde aumentó la litigiosidad también a raíz de la siniestralidad".
“Casi 4 millones de trabajadores están en la informalidad y no tienen ningún tipo de cobertura de seguridad social en varias provincias y municipios del país. Si tienen un accidente, el contexto les impide reparar esa situación, rehabilitarse y reinsertarse en su ámbito laboral”, les explicó Triaca a los magistrados. A ese argumento se sumó una estadística propiciada por el titular de la SRT, que informó que a pesar de la disminución de siniestros, crecen anualmente en un 15% las demandas por accidentes.
Desde el otro lado, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal califica la iniciativa de “discriminatoria e inconstitucional”. Ello va de la mano con la opinión de la mayoría de letrados especialistas en Derecho del Trabajo, que señalan que se pone en foco la “litigiosidad” pero no la “siniestralidad”, y que deben litigar ante los Tribunales porque sus demandas no son cumplimentadas por parte de las aseguradoras.
“Se vuelve así a los orígenes de la ley de 1995, que la lucha judicial de los abogados logró desactivar consiguiendo que los trabajadores puedan acceder en forma directa a la Justicia del Trabajo sin ninguna valla previa”, cuestiona un documento elaborado por el Instituto de Derecho del Trabajo del CPACF, que fue remitido al Senado por el presidente del organismo Jorge Rizzo.
Desde el Colegio también se señala que los dictámenes de las Comisiones Médicas son “de carácter restrictivo en el reconocimiento de incapacidades y desconocimiento de enfermedades laborales”, y cuestionan las asignaciones de competencia del proyecto original, que obliga a los trabajadores que pretendan apelar lo resuelto por las Comisiones Médicas ante la Justicia del lugar donde las comisiones intervengan.