El Plenario del Consejo de la Magistratura recibió el informe preliminar de la auditoría a las causas de corrupción en los Juzgados Federales y se propuso realizar anualmente el relevamiento. Los auditores tendrán hasta el 31 de mayo para procesar y sistematizar los datos obtenidos.
Tras cinco meses de trabajo, el Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación dio por finalizada la primera etapa de la auditoría sobre los Juzgados y Tribunales Federales con competencia en materia penal de todo el país. “Se ha realizado un trabajo importante y se recibió la colaboración de los juzgados y tribunales”, explicó titular del Cuerpo, Miguel Piedecasas, en el marco de la presentación del informe.
Ahora, el Cuerpo de Auditores del Poder Judicial deberá analizar, procesar y sistematizar todos los datos antes del 31 de mayo. No obstante, Piedecasas propuso realizar anualmente el relevamiento, por entender que “brinda un reflejo real de cómo actúa el servicio de justicia”.
“No sólo arroja el universo de causas culminadas y archivadas, sino también los problemas y deficiencias en la infraestructura y los sistemas informáticos “, sostuvo y añadió: “Es valioso que se haya realizado en todo el país”.
El relevamiento incluyó todas las causas por corrupción contra la administración pública desde el 1 de enero de 1996 hasta la fecha. Entre los puntos más importantes, los auditores consideraron “el número total de causas iniciadas; los recursos humanos con los que cuenta el tribunal, técnicos y tecnológicos afectados al trámite de las mismas; delito especifico objeto de investigación; fecha de inicio de cada causa; fecha y modo de culminación; y plazo promedio de las causas culminadas”.
En cuanto a los datos obtenidos, Piedecasas explicó que el "informe de causas en trámite es completo", pero aclaró que "algunas jurisdicciones no han podido completar el relevamiento de las causas culminadas".
El debate se centró en la difusión y apertura de los datos frente a la confidencialidad de las causas. El consejero Rodolfo Tailhade, representante del bloque de diputados del Frente para la Victoria (FpV), consideró que primero hay que “ordenar y procesar” la información para que “no haya una deficiente interpretación”; mientras que el representante del Poder Ejecutivo, Bautista Mahiques, agregó: “Hay que trabajar en la trasparencia y publicar los datos es una forma de profundizar el camino”.
En el mismo sentido, la consejera Adriana Donato opinó que “es necesario que la información esté disponible para toda la sociedad”. Con relación a la divulgación, el consejero-juez Luis María Cabral propuso “estudiar y controlar la información”, dado que hay normas y reglamentos que preservan y limitan determinados aspectos de las causas penales.
En consecuencia, el Pleno resolvió postergar el tratamiento del informe para la semana próxima con el fin de determinar cómo se difundirán los datos de la auditoría.