El programa denominado “Justicia 2020”, promovido por el Ministerio de Justicia, cumplió su primer año. Pero, ¿Cuáles fueron sus logros y traspiés? ¿Qué iniciativas deberán esperar hasta el 2017? Diario judicial hace un repaso de la reforma judicial del Gobierno.
El programa “Justicia 2020”, cumplió su primer año. Con altos y bajos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos logró avanzar con algunas iniciativas, pero otras quedaron en el camino.
El primer desafío parlamentario fue el procedimiento de Flagrancia. Lo más trascendente de esta ley es que prevé la realización de una audiencia oral dentro de un plazo de 24 horas en el caso de las personas detenidas en el momento en que cometen un delito. La normativa fue aprobada en septiembre, pero se postergó durante varias semanas su promulgación ante la falta de recursos para asegurar el éxito de la implementación.
La cartera también logró la sanción de la ley del Arrepentido, un eje clave en la lucha contra la corrupción. Las iniciativa busca reducir o eximir de penas a quienes brinden “información precisa, comprobable y útil” que permita “evitar la consumación o continuación de un delito; ayudar a esclarecer el hecho objeto de la investigación u otros conexos; revelar la identidad de coautores, partícipes o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos, o la intervención de otras personas”.
Otros de la proyectos que tuvo luz verde fue la Unificación de Fueros y Juicio Unipersonal, sin embargo, el Ejecutivo postergó su implementación -a partir del 1 de marzo de 2017- en respuesta a un reclamo de la Cámara del Crimen.
En otro orden de temas, el Ministerio impulsó la experiencia de generalización de la oralidad en la provincia de Buenos Aires y, recientemente, firmó el "Convenio sobre Datos Judiciales Abiertos” para reunir información referida a causas y actuaciones del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal de todo el país.
Proyectos que deben esperar
Sin embargo, otros proyectos quedaron en el camino por “falta de consensos”, tal es el caso de la reforma del Ministerio Público Fiscal, donde, entre otras medidas, se establece el límite temporal para la figura del procurador.
También quedó fuera de agenda el proyecto de Transferencia de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta iniciativa prevé un proceso de transferencia gradual y progresiva, mediante convenios específicos, en un plazo máximo de siete años, a fin de "garantizar un adecuado servicio de justicia".
Dicha propuesta generó resistencia y duras críticas desde el Poder Judicial. Lo mismo sucedió con el proyecto de Subrogancias, dado que el oficialismo no logró conseguir dictamen favorable.
A futuro, el Ministerio de Justicia se encuentra elaborando diferentes proyectos, entre los que se destaca el Tribunal de Tratamiento de Adicciones, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, el Juicio en Ausencia y Reforma Penal Juvenil.