Un año de Cortes y reproches

Como puede decirse que las décadas o los siglos pueden comenzar o terminar no cuando lo dice el cronómetro sino en base a una multiplicidad de hechos que determinan el paso de un proceso a otro, puede decirse que el 2016 de la Corte Suprema empezó en diciembre de 2015.

En ese momento, a poco de asumir su mandato el presidente Mauricio Macri, la Corte sumó, por decreto y en comisión, a dos nuevos miembros. Pese a que finalmente Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz atravesaron los mecanismos constitucionales y republicanos, esa maniobra condicionó a que los nombres de estos juristas sean los que arribaran al cuarto piso del Palacio de Justicia.

Yendo a lo puramente formal, el año de la Corte Suprema no se destacó por sus sentencias – pese a que hubo resoluciones trascendentales como las del tarifazo y la designación de la competencia federal para investigar el fallecimiento de Alberto Nisman- o fallos de casos importantes como el de Fernando Carrera, y sí por cuestiones internas. En ese punto, la puja con el Consejo de la Magistratura se hizo evidente.

Pocos fallos, con alto contenido político

En un año marcado por “apuros” a la hora de instruir causas de corrupción, donde el presidente de la Corte, desde principios de año, había solicitado un “nunca más” a la corrupción, la Corte ordenó la reapertura de la causa por la famosa valija de Antonini Wilson, y revocando la declaración de prescripción de la acción penal respecto de los imputados  Diego Bautista Uzcátegui Matheus, Daniel David Uzcátegui Specht y Claudio Uberti.

En otra resolución de alto contenido político, la Corte decretó que la causa en la que todavía se investiga si la muerte de Alberto Nisman fue un suicidio o un homicidio debía tramitar ante el fuero federal. Fue luego de un ida y vuelta entre la Justicia Criminal Ordinaria y la Federal, luego de que la jueza Fabiana Palmaghini se declarara incompetente para entender en el expediente, tras la declaración testimonial dl Antonio Stiuso.

En este resumen del año de Diario Judicial, no puede faltar el fallo más importante de la Corte este año, por cómo dominó la agenda, por cómo impactó en la economía y porque era el bautismo de fuego de Horacio Rosatti en el Tribunal: la causa “CEPIS” que convalidó la anulación de los aumentos en la tarifa del gas por no haber llamado a audiencias públicas.

Del otro lado y tiempo después, la Corte dejó sin efecto la precautelar de la jueza Martina Forns que impedía que las resoluciones sobre el aumento de la tarifa de electricidad entraran en vigencia y le propinó un duro golpe a la magistrada. Ese día, los supremos casi que la mandan a estudiar derecho nuevamente.

Finalmente, un caso insignia de la violencia institucional en Argentina, el de Fernando Carrera, fue resuelto por la Corte. El Máximo Tribunal resolvió, en su segunda intervención – antes había anulado la primera condena a Carrera y ordenado el dictado de un nuevo fallo- absolver al hombre condenado por la Masacre de Pompeya por el beneficio de la duda. De esa manera, puso fin al proceso que se inició en 2005, que tuvo a Carrera siete años en prisión y originó el film “el Rati Horror Show”.

La transparencia, de la Corte para afuera

En el marco de los pomposos discursos sobre transparencia, gobierno abierto y calidad institucional, Los integrantes del Máximo Tribunal también se vieron envueltos en una situación que aparejó críticas, al iniciarse la discusión acerca de si los jueces están obligados a presentar declaraciones juradas.

El debate se dio en un ambiente caldeado por los avances de la diputada Elisa Carrió contra Ricardo Lorenzetti, quien denunció “un sospechoso ocultamiento de activos financieros en el exterior del país por parte del presidente de la Corte Suprema". Por esa causa, sobre la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, Lorenzetti fue sobreseído rápidamente.

Tras un nuevo ataque contra Lorenzetti, en el marco de un pedido de declaraciones juradas de los supremos efectuado por Carrió y el diputado Fernando Sánchez, la Corte publicó una resolución en la que favorece el “secretismo” a la hora de publicar la información, y Lorenzetti publicó un comunicado en su defensa.

“Las declaraciones basadas en imputaciones genéricas, agravios, ofertas a personas para que declaren falsamente, las denuncias infundadas, las llamadas telefónicas y visitas a los jueces y fiscales exceden claramente la libertad de expresión y afectan la independencia del Poder Judicial”, había señalado Lorenzetti en esa oportunidad, recordando que se intentó desprestigiar a los jueces calificándolos de ‘chorros’, “lo que fue masivamente criticado, ya que era un ataque a la independencia del Poder Judicial”.

A su vez, Lorenzetti, junto con Highton y Maqueda, firmaron una resolución en la que, tras explicar que Lorenzetti y el secretario General de Administración de la Corte, Daniel Marchi, “fueron investigados tanto por la AFIP como por el juez federal Sebastián Ramos en el marco de las actuaciones judiciales iniciadas resultaron sobreseídos, por lo que la finalidad perseguida con la presentación ha sido cumplida”, entregan las declaraciones juradas, pero aclarando que el pedido debió haberse efectuado a través del Consejo de la Magistratura.

Tiempo después, y tras un nuevo pedido de Carrió de que se facilite “una nómina detallada de todos los bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero”, la Corte, ahora con cinco miembros, le dijo que no.

Amablemente, el Máximo Tribunal le contestó a “Lilita” declarando que la Acordada 9/2014, que permite que poner un apartado como “información reservada” la atinente al patrimonio del grupo familiar del los jueces, “resulta una reglamentación constitucionalmente apropiada del régimen normativo vigente”, y no viola de ninguna manera la Ley de Ética Pública.

“La regulación de la publicidad de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los funcionarios públicos, debe armonizar distintos aspectos que no se agotan en la publicidad de las declaraciones juradas y el alto objetivo institucional perseguido mediante la consulta de dicha información por los ciudadanos”, sostuvieron los cinco supremos.

El tema no terminó ahí, ya que luego se hizo público que Horacio Rosatti sí presentó sus declaraciones juradas. Ello generó un sinnúmero de críticas hasta que la Corte salió a aclarar que el actual supremo había presentado esa información antes de asumir en el Máximo Tribunal.

Tira y afloje con el Consejo por los recursos y las vacantes

En 2016 se observó una constante tensión entre el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema. En distintas ocasiones – como al aprobar su presupuesto o al presentar su informe de gestión – la Corte se en claro de aclarar y remarcar que la “plata” de la Justicia la maneja el Consejo de la Magistratura y que el Máximo Tribunal sólo se encarga de sus gastos, y en ese sentido le “tiró la pelota” al Consejo al momento de dar explicaciones sobre las deficiencias en el funcionamiento de la Justicia.

En junio, con la intervención del fuero Laboral tras un pedido del Colegio Público e Abogados de la Capital Federal, comenzaron los roces. La Corte le exigió al Consejo el que audite el funcionamiento de los Juzgados del Fuero, dispuso la creación de 98 cargos a completarse mediante concursos “realizados en forma rápida y expeditiva, teniendo en cuenta la idoneidad y contracción al trabajo de los aspirantes”, y así se lo encomendó al organismo.

“Es imprescindible que las funciones de Selección y Administración que corresponden al Consejo de la Magistratura sean ejercitadas con la máxima celeridad y con el objetivo de satisfacer las demandas de los ciudadanos”, había adelantado el Máximo Tribunal, fue el primer capítulo de la historia, que se volvió a repetir a fines de año, cuando la Corte “le hizo llegar” al Consejo una carta en la que los presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales se hicieron oir en el reclamo de las vacantes del Poder Judicial, un problema que ya es crónico y afecta severamente el funcionamiento de la Justicia.

Un oficio librado por la Corte abrió un nuevo frente de batalla entre estas dos cabezas del Poder Judicial: el funcionamiento del sistema informático Lex100, que además de críticas de usuarios fue blanco de denuncias de corrupción y hasta de “hackeo” del sistema, lo que incluso provocó un allanamiento en las oficinas del Consejo y el secuestro de computadoras en la Dirección de Sistemas del órgano. La Corte comunicó en ese momento “la honda preocupación que se presenta a partir de los informes recibidos de la Dirección de Sistemas de este Tribunal respecto del funcionamiento del servicio informático del Poder Judicial de la Nación”

Al plenario siguiente, el Administrador General del Poder Judicial, Juan Carlos Cubría, respondió que hay problemas de “financiamiento” del Poder Judicial, que dificultan “la inversión en infraestructura”. Según informó Cubría, el Poder Judicial no puede autofinanciarse, ya que del presupuesto, un 50% proviene de partidas giradas por el Poder Ejecutivo.

Del otro lado, cuando la Corte publicó sus informes de gestión, autoelogiándose de que registró 104 meses seguidos de superávit, y gracias a eso sus arcas cuentan con una reserva de $11.000 millones, colocadas en bancos públicos. Depende de cómo se lo vea, o es buena administración o es subejecución del presupuesto.

Al publicar ese informe,  la Corte volvió a remarcar que sus gastos son en ejercicio del gobierno del Poder Judicial de la Nación y que el Consejo es “otro órgano del Poder Judicial con administración propia”, y que ambos “tienen sus propias administraciones, sus propios presupuestos, sus propios criterios de administración”. Si falta plata no nos hagan responsables, parecieron decir, una constante en este 2016.