El club de la pelea

Como los matrimonios en crisis, que por fuera guardan las formas, pero sin embargo por dentro crecen los reproches entre ambos. Así se puede definir la relación que mantienen la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura de la Nación.

El dinero, como en toda pareja, es motor de conflicto en la relación: los fondos que manejan uno y otro generan cortocircuitos, pero finalmente la Corte se lleva los elogios y el Consejo es el que termina pagando los platos rotos: Juzgados vacantes, falta de presupuesto para infraestructura, trabas en los concursos… Y críticas del Máximo Tribunal.

Quién maneja el dinero del Poder Judicial

El artículo 113 de la Constitucional Nacional señala que, entre las atribuciones correspondientes al Consejo de la Magistratura de la Nación, estarán las de “Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia”.

Pero en los hechos el manejo de los fondos se divide entre la Corte y el Consejo, que debe cargar con los gastos corrientes. Durante la presidencia de Néstor Kirchner se firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 557/200, que establece que el presupuesto del Poder Judicial de la Nación será atendido, con cargo al Tesoro Nacional, “y con recursos específicos propios del citado poder”.

La norma dispone que en lo referente a los fondos del Tesoro, estos “se conformarán con el equivalente del tres y medio por ciento 3,5% de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central”, de los cuales el 0,57% corresponderá a la Corte y el 2,93% al Consejo.

Institucionalmente, la Corte tiene gastos en el ejercicio del gobierno del Poder Judicial mientras que el Consejo maneja presupuesto como administrador del Poder Judicial. El último informe de gestión de la Corte Suprema, en el que se observa una balanza superavitaria -que hasta le permite al Tribunal tener fondos en plazo fijos- contrasta con los problemas del Consejo, que no llega ni a la mitad de sus recursos propios para pagar gastos corrientes.

En el Plenario del Consejo del martes 11 de octubre, el Administrador General del Poder Judicial, Juan Carlos Cubría, dio muestras de la preocupación en el seno del Consejo. Según informó, de los fondos que maneja el organismo, el 94% está destinado al pago de la masa salarial de magistrados, funcionarios y empleados judiciales, por lo que se le dificulta hacer inversiones en aéreas como infraestructura. Además, tiene que afrontar cada aumento de sueldos en el Poder Judicial, que es solicitado... Por la misma Corte Suprema.

Como contrapartida, la Corte se jacta de su eficiencia en la gestión y se separa del Consejo: siempre se encarga de aclarar que este es “otro órgano del Poder Judicial con administración propia”

Denuncias de irregularidades

Esta circunstancia a la hora de manejar los fondos del Poder Judicial generó incluso denuncias penales. La legisladora por la Ciudad en representación de la Coalición Cívica, Paula Oliveto Lago, denunció a fines del año 2014 la existencia de "ingeniería financiera entre Corte y Consejo de la Magistratura para desviar fondos públicos".

En la denuncia, en la que intervino el juez Luis Rodríguez y que fue impulsada por el fiscal Federico Delgado, incluso este último solicitó que se investigue al titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, por “comportamientos encaminados en concentrar la administración y control de los recursos financieros que corresponden al Poder Judicial de la Nación”.

Según la presentación de la legisladora, la mecánica comenzó en el año 2008, cuando la Corte suscribió diversas resoluciones y acordadas por las cuales se efectivizó la transferencia de fondos.

Un informe de la Auditoría General de la Nación del año 2013 sobre el Comité de Inversión del Poder Judicial brinda detalles de ello. Por ejemplo, indica que en 2008 la Corte dictó al Acordada 28, que toma en cuenta pedidos del Consejo para que reasuma las competencias de las Direcciones Generales de Notificaciones y Subastas Judiciales, Del Archivo General de Poder Judicial y del Cuerpo de Auditores Judiciales. La reasunción de competencias implicó la devolución de recursos humanos, financieros y presupuestarios.

El informe también da cuenta de Acordadas de la Corte que crean fondos como el de “Infraestructura, Equipamiento y Gestión del Poder Judicial”, el “Fondo estímulo para del Poder Judicial” y el  conocido “fondo Anticíclico”, que le permite a la Corte invertir en plazo. La finalidad de este último, según la acordada que lo creó (la 34/08), es para cubrir gastos ante eventuales reducciones de recursos o “situaciones excepcionales”.

El informe le brinda amplios elogios a la Corte en sus políticas de administración, lo que fue recogido por el último informe de gestión del Alto Tribunal. Pero la contracara de esto fue que, según la denuncia, se trató de un control “débil” que permitió la continuidad de las irregularidades en el manejo de fondos. Según pudo averiguar Diario Judicial, al día de hoy, la causa se encuentra archivada.

Ida y vuelta por la crisis de las vacantes en Juzgados

Los problemas a la hora de designar jueces son una marca registrada del Consejo. El organismo siempre queda trabado en la negociación política y se le dificulta dar celeridad a los concursos. Ello genera el problema de las vacancias de Juzgados, que a su vez retrasan el avance de las causas y llevan al colapso total: los Tribunales del Trabajo de la Capital Federal pueden ser testigos.

El Consejo quiso solucionarlo pero empeoró el panorama. La receta para combatir las vacantes giró en torno a la designación de jueces subrogantes – algunos con Juzgados con más de 200 Kilómetros de distancia del Tribunal vacante- o Secretarios de los propios Tribunales. Una Ley que reglamentaba ese tipo de subrogancias ayudó a expandir el caos, pero fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema en el caso “Uriarte” a fines de 2015.

A partir de ese momento, el Máximo Tribunal aprovecha cada nueva situación para pasarle factura al Consejo. En junio, ante el colapso del fuero del Trabajo, que registra un número de vacantes escandaloso, la Corte creó 98 cargos en ese fuero y le pidió al Consejo que lo audite. “Es imprescindible que las funciones de Selección y Administración que corresponden al Consejo de la Magistratura sean ejercitadas con la máxima celeridad y con el objetivo de satisfacer las demandas de los ciudadanos” aseguraron los supremos Lorenzetti, Highton y Maqueda en esa oportunidad.

Pasaron algo más de tres meses para que la Corte, ya con cinco miembros, le reiterara el reclamo al Consejo. Esta vez,  y en otros términos, la exigencia se extendió a las vacantes de todo el Poder Judicial. En un oficio librado al presidente del Consejo, Miguel Piedecasas, y por su medio a todos los consejeros, la Corte les pidió que “se apuren” con los trámites de designación de jueces y dio señales de alarma: el 30% de los Tribunales Nacionales y Federales no cuentan con magistrado titular.

La Corte tampoco se mostró favorable a la solución que dio el Consejo de designar subrogantes. “Se está desvirtuando, en desmedro del desarrollo regular de la administración de justicia”, sostuvo el oficio. Al igual que como ocurrió con el fuero Laboral, la Corte creó los cargos de jueces y camaristas federales para Tribunales, creados por leyes nacionales, pero que ni siquiera contaban con las “condiciones de infraestructura y presupuestarias” necesarias para empezar a funcionar. A efectos de esto último, la Corte le encomendó al Consejo que, una vez que los jueces designados hayan tomado juramento, se los designe como subrogantes

Con este escenario, el Consejo se ve golpeado desde todos los órdenes y queda en evidencia su imposibilidad para realizar las tareas para las que fue creado.