Ante la propuesta de reforma del Régimen Penal Juvenil, la Procuración Penitenciaria de la Nación abogó por la sanción de una ley que respete la "totalidad de los derechos y garantías" dado que es una "gran deuda del Estado".
Tras el anuncio del Gobierno sobre la necesidad de avanzar con la reforma del Régimen Penal Juvenil y así bajar la edad de imputabilidad, la Procuración Penitenciaria de la Nación abogó por la sanción de un régimen que “garantice a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal un debido proceso y con todas sus garantías”.
En este sentido, el organismo destacó que Argentina es el “único país de Latinoamérica que carece de un Sistema Penal Juvenil”, ya que se encuentra vigente un decreto de la última dictadura militar. “Eso, ya da cuenta del grave estado de situación y la gran deuda que tiene el Estado Argentino en materia penal juvenil; como así también de la necesidad de la sanción de un ley que se adecue a los estándares internacionales en la materia”, indicó a través de un comunicado.
Específicamente, la Procuración subrayó que Convención de los Derechos del Niño es “clara” al establecer que los Estados parte deben “adoptar las medidas para establecer leyes y procedimientos específicos para los niños en conflicto con la ley penal”.
“Es importante la sanción de un régimen que garantice un debido proceso y dentro del cual se establezca la existencia del injusto penal y se atribuya las responsabilidades del niño, niña y/o adolescente infractor conforme su condición de persona en crecimiento”, sostuvo y añadió: “Un sistema que respete el principio de excepcionalidad y brevedad de la pena privativa de libertad, el de mínima intervención penal, el de especialidad y el de proporcionalidad de la pena; entre otros”.
Respecto a la baja de la edad de imputabilidad, la Procuración opinó que se deben “respetar la totalidad de los derechos y garantías que tienen los adultos más el plus que les corresponde por ser personas en desarrollo”, para luego comenzar a discutir “sobre qué edad es aconsejable para que el adolescente ingrese al sistema penal”.
“Es necesaria una ley que establezca edades mínimas de imputabilidad, que prevea un procedimiento especializado, con actores especializados en niñez y sanciones acorde a la calidad de sujeto en desarrollo”, afirmó el organismo y recordó que el país ya tiene dos condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las cuales se lo exhorta a sancionar una ley de Responsabilidad Penal Juvenil.
El Gobierno nacional convocará a una comisión especial que se encargará de definir y redactar un anteproyecto para reformar el régimen penal juvenil. La mesa de trabajo estaría integrada por un representante del Poder Ejecutivo Nacional, magistrados, fiscales y expertos en la temática.
En este marco, la propuesta inicial del Ejecutivo es bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y también se estudia la posibilidad de establecer distintas escalas según el delito cometido.
En declaraciones a Radio Splendid, el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Casares, explicó que “el eje central tiene que estar dado en qué vamos hacer cuando tenemos un chico que cometió un delito”, y aclaró: “Pensamos en todo un capítulo con medidas socioeducativas tendientes a que el joven se pueda integrar a la sociedad y prevenir casos más graves en el futuro”.
“Una ley de ésta magnitud no se tiene que quedar solamente en la edad de imputabilidad. Debemos acompañarla de recursos para que en los institutos de menores se puedan dar las condiciones necesarias, y que cuando un chico salga no vuelva a cometer nunca más un delito. Si no hacemos nada al respecto, no vamos a obtener mejores resultados y sólo vamos a ampliar la franja de chicos dentro del sistema”, concluyó.