En ese sentido, Lemme comentó que el hecho que la motivó a solicitar la reunión fue “la incertidumbre” que le genera la falta de resolución que tiene el planteo de la provincia, ya que el alto tribunal ha resuelto otras causas que se presentaron luego de que ellos realizaran su reclamo.
Al respecto, la gobernadora comentó que los ministros le informaron que actualmente el expediente esta en manos del Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, quien al parecer en estos días lo devolvería a los jueces y de este modo quedarían en condiciones de pronunciarse sobre el tema.
Si bien, Lemme se negó a dar alguna fecha concreta en la cual el tema tendría solución, no descartó que en las próximas semanas haya novedades al respecto.
Sobre en el encuentro que se celebró en el cuarto piso del Palacio de Justicia la gobernadora justicialista comentó que se analizaron las distintas propuestas, al tiempo que se mostró esperanzada en la decisión que tomen los ministros respecto del planteo impuesto en contra de las normas restrictivas creadas a partir de la sanción del decreto 1570/01.
Asimismo, la mandataria provincial aseveró que puso en conocimiento de los jueces la necesidad y la urgencia que tiene San Luis para disponer de sus fondos ya que según explicó “las sumas están destinadas a planes de obras públicas y asistenciales que ya están comprometidas”.
Además, recalcó su intención de los fondos le sean devueltos a la gobernación en la moneda original o bien en pesos pero a la cotización actual de la moneda norteamericana y no a 1,40 pesos por cada dólar.
Para solucionar el tema y acercar la posiciones la Corte Suprema había convocado a San Luis y al Gobierno Nacional, pero dado que las mismas fracasaron decidió realizar una tercera audiencia que se celebró el 16 de mayo en donde los ministros decidieron elaborar dos propuestas para que el conflicto llegara de una vez a una solución.
En esa oportunidad la primera fue realizada por el ministro Adolfo Vázquez y consistió en que los depósitos puntanos volvieran a su estado original, dólares, y que fueran reprogramados mediante la emisión de bonos o certificados de plazos fijos con vencimiento en agosto del 2005. Además, se obligaba a que el Banco Nación entregue a la gobernación por lo menos el 10 por ciento del total de los depósitos, que suman 234 millones de dólares, en efectivo.
En tanto, la segunda de las alternativas que se presentó, y que fue avalada por todo el tribunal, prevé que la provincia efectuará un retiro de sus fondos según sus necesidades presupuestarias, pero siempre de acuerdo a las normas vigentes que regulan la extracción de dinero. El resto del dinero se devolvería con bonos a convenir entre las partes.
Al expresar su posición San Luis hizo un mix de las dos posibilidades y manifestó que si bien aceptaba la "pesificación" de sus depósitos, exigiría a cambio una compensación por la diferencia que media entre 1,40 pesos por cada dólar y la cotización de la divisa estadounidense en el mercado libre.
Por su parte, el último 31 de mayo el Estado nacional le solicitó a la Corte Suprema de Justicia una prórroga en los plazos para que el Máximo Tribunal resuelva el reclamo de la provincia de San Luis por los 247 millones. El pedido a la Corte fue efectuado por el procurador general del Tesoro, Rubén Citara, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Ministerio de Economía y el Banco Nación, donde se encuentran depositados la mayoría de los fondos de la provincia