El Gobierno oficializó en el Boletín Oficial la creación de la "Comisión para la reforma del Código Penal de la Nación" con el objetivo de elaborar un anteproyecto de ley en el plazo de un año. De este modo, se buscará “lograr una adecuada sistematización y ordenamiento de toda la normativa penal”.
A través del Decreto 103/2017 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional creó, en el ámbito del Ministerio de Justicia, la “Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación”, la que tendrá a su cargo la “elevación de un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral de la normativa, en el plazo de un año a contar desde la fecha en la que quede formalmente constituida”.
La Comisión estará conformada por Mariano Hernán Borinsky, presidente; Carlos Mauricio González Guerra, Secretario; Pablo Nicolás Turano, Secretario Adjunto, Carlos Alberto Mahiques, Patricia Marcela Llerena, Daniel Erbetta, Víctor María Vélez, Pablo López Viñals, Guillermo Jorge Yacobucci, Fernando Jorge Córdoba y Patricia Susana Ziffer. Todos desarrollarán su tarea “ad honorem”.
Desde su sanción en 1921, el Código Penal de la Nación ha sido objeto de múltiples reformas. En este sentido, la resolución señala que las modificaciones “han afectando seriamente a lo largo del tiempo su coherencia interna original”, y además se han incorporado “tipos penales sin integrarse al cuerpo normativo, lo que ha resentido la sistematicidad del régimen punitivo”.
Sin embargo, no es la primera vez que se intenta llevar adelante una reforma. En 2004 y 2012 se crearon dos comisiones integradas por especialistas, pero ninguna logró su cometido.
“Al día de la fecha subsiste la necesidad de lograr una adecuada sistematización y ordenamiento de toda la normativa penal, abordando las modificaciones necesarias”, indicó el decreto, que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri y la ministra de seguridad, Patricia Bullrich.
Entre otras cosas, se establece que el proyecto deberá tener en consideración los “instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional”, y también los “avances en materia de integración regional del país”, a fin de promover y facilitar la “cooperación entre Estados y la implementación de estrategias coordinadas, elementos de máxima importancia ante ciertas modalidades delictivas como la delincuencia transnacional organizada”.
En el mismo sentido, el decreto publicado destaca la “necesidad de adecuar” la normativa a los “compromisos asumidos en el plano internacional, en particular en lo atinente a la vigencia de la protección de los derechos humanos y de la persecución del terrorismo, del narcotráfico y la corrupción”.