El Ministerio de Trabajo presentó ante el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra los vocales Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, quienes fallaron a favor del cumplimiento del acuerdo salarial de los bancarios. "Es como si procesaran a un diputado por hablar en el recinto”, dijo Arias Gibert.
El Ministerio de Trabajo, comandado por Jorge Triaca, presentó formalmente ante el Consejo de la Magistratura de la Nación un pedido de juicio político contra los jueces integrantes de la Cámara Nacional del Trabajo, Graciela Marino y Enrique Arias Gilbert.
En la presentación, la cartera consideró que los camaristas tuvieron “mal desempeño, falta de idoneidad y negligencia grave” por “arbitrariedad e incumplimiento de la Constitución”.
Puntualmente, el Gobierno cuestionó el fallo del tribunal, al entender que “es una potestad ministerial la homologación de los acuerdos paritarios”, ya que en el caso, los jueces también ordenaron al Estado Nacional que ”no interfiera en el cumplimiento del acuerdo mientras el mismo se encuentre en conocimiento judicial”.
El pedido se da en el marco del conflicto por la cuestión paritaria, que se agudizó durante la Feria Judicial, cuando la Cámara del Trabajo dictó una medida cautelar ordenando a todos los bancos a pagar el acuerdo salarial suscripto con la Asociación Bancaria (AB). En el fallo, el Tribunal también exhortó al Poder Ejecutivo a “no interferir” en el cumplimiento del acuerdo.
Ante el pedido de juicio político, el camarista Enrique Arias Gilbert se preguntó: “Cómo es posible que porque uno opine lo que al ministro de Trabajo no le gusta, inician un jury de enjuiciamiento. Eso no es muy republicano”.
“No puede ser motivo de denuncia. Es prácticamente crear una policía del pensamiento. Si se sanciona a las personas por opinar algo, existe una policía del pensamiento”, señaló en diálogo con Radio 10.
En tanto, el Secretario General Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, afirmó que “es un hecho de suma gravedad enjuiciar a dos jueces porque establecieron una cautelar”, y aseguró que "los jueces actuaron correctamente".
En la misma línea, la Comisión por la Defensa del Fuero del Trabajo de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) dijo que la denuncia es un “hecho de suma gravedad institucional que no puede ser permitido”.
A partir de ahora, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo podrá proponer el rechazo “in limine” de la denuncia si la considera “manifiestamente improcedente o solo manifieste la mera disconformidad con el contenido de una resolución judicial”. De no haber rechazo in limine, la Comisión designará por sorteo a un consejero instructor, quien deberá definir si avanza con la investigación y pide el juicio político, o la desestima.