Tras la oleada de críticas, el presidente del Consejo de la Magistratura porteño, Enzo Pagani, salió a defender los convenios de trasferencia de la Justicia y aseguró que se respetará "la categoría, remuneración, antigüedad y derechos previsionales" de los jueces y empleados. Los convenios ya fueron enviados a la Legislatura y comenzarán a ser estudiados la semana próxima.
En respuesta a las diversas críticas realizadas a los convenios de transferencia de la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el presidente del Consejo de la Magistratura porteño, Enzo Pagani, manifestó que “los empleados y funcionarios judiciales nacionales que formen parte de la transferencia al Poder Judicial de la Ciudad conservarán su categoría, la intangibilidad de sus remuneraciones, su antigüedad y sus derechos previsionales".
Pagani desestimó las criticas de los judiciales, asegurando que “resulta engañoso hablar sobre los riesgos que conllevaría el traspaso para esos trabajadores”.
"La obra social actual de los empleados de la Ciudad es la misma que la utilizada por los empleados de la Justicia Nacional, con lo cual es una falacia decir que existe una cobertura médica mejor para los empleados de una u otra jurisdicción", indicó el titular del órgano encargado de la selección de magistrados y administración del Poder Judicial de la Ciudad.
También descartó que haya un intento de "limitar" la independencia de los jueces y así respondió a las acusaciones del secretario general del gremio de Judiciales, Julio Piumato, quien afirmó que "se busca la impunidad porque los jueces los va a nombrar el Gobierno”.
"Se trata del valor de la Autonomía del Poder Judicial de la Ciudad que debe ser reivindicado, garantizando los derechos de los porteños como de los ciudadanos de todas las provincias", concluyó Pagani.
En ese aspecto, la Comisión Permanente de Interpretación y Relaciones Laborales salió a garantizar los derechos vigentes en el Convenio Colectivo General de Trabajo del Poder Judicial de la Ciudad, en relación al “sistema de porcentualidad salarial, el subsidio por jardines maternales y su carácter móvil, los adicionales correspondientes a título secundario, terciario afín y no afín, universitario afín y no afín y el régimen de licencias de maternidad, paternidad y co-maternidad, entre otros”.
A través de un comunicado, la Comisión aseguró que se respetarán “todos los derechos adquiridos por parte de los trabajadores judiciales que sean transferidos, la intangibilidad de sus remuneraciones, su antigüedad, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, los beneficios previsionales, comprendiendo además la plena incorporación al Fondo Compensador Complementario de Jubilaciones y Pensiones para el Personal del Poder Judicial de la Ciudad”.
Una discusión con final abierto
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) realizó ayer un paro nacional con movilización al Palacio de Justicia, bajo el lema “No al traspaso, no a la flexibilización laboral”. El gremio redobló la apuesta y anunció un nuevo paro con una marcha al Congreso de la Nación en el mes de marzo, cuando se trate este tema en el recinto.
El gremio judicial se opuso desde un primer momento a la trasferencia, al argumentar que los “salarios en la justicia de la Ciudad están 20 por ciento por debajo, el horario laboral es más extenso, y no existen ingreso democrático y carrera judicial”.
Los convenios interjurisdiccionales de trasferencia en materia penal y en las relaciones de consumo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires fueron firmados por el presidente de la Nación, Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y deberán ser ratificados por la Legislatura y por el Congreso Nacional.
Los mismos ya fueron enviados a la Legislatura para su tratamiento luego de la apertura del período de sesiones prevista para el 1 de marzo, y comenzarán a ser estudiados por los legisladores porteños la semana próxima.
El proyecto prevé el traspaso de ocho Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional que actualmente están vacantes y dos Juzgados de Menores, 18 vocalías de los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, dos Juzgados Nacionales de Menores, tres vocalías ante los Tribunales Orales de Menores, y los órganos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa que actúan ante los mismos. La transferencia incluye, además, la incorporación del Fuero del Consumo y del Registro de la Propiedad Inmueble.