Ante el avance del traspaso de la la Justicia Nacional a la Ciudad, la Red Latinoamericana de Jueces (REDLAJ) se pronunció en contra y alertó sobre el “grave perjuicio a la estabilidad de los magistrados”. Además, la UEJN anunció un nuevo paro nacional con movilización para el próximo 22 de febrero.
El avance del traspaso de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos aires sigue generando críticas y reclamos. Ahora se suma la Red Latinoamericana de Jueces (REDLAJ), quien alertó sobre el “grave perjuicio a la estabilidad de los magistrados” que implicaría la reciente firma del acuerdo de transferencia.
"Afecta necesariamente la independencia judicial y en consecuencia, genera un detrimento al sistema republicano y el Estado de Derecho”, señaló el organismo que congrega a los jueces latinoamericanos.
Puntualmente, la REDLAJ afirmó que “todo menoscabo a la independencia y estabilidad de los jueces repercute necesariamente en forma negativa en el sostenimiento y tutela de los derechos fundamentales de la comunidad”.
“Los jueces latinoamericanos, entre ellos los argentinos, estamos empeñados mediante un esfuerzo común para avanzar sostenidamente en aras a brindar una justicia de calidad, que no solo sea eficiente en el uso de los recursos disponibles, o tenga eficacia en el ejercicio jurisdiccional particular, sino que contribuya a potenciar el bien común de cada habitante y posibilite el pleno desarrollo de su bienestar espiritual y material”, sostuvo y remató: “Acciones como las señaladas, ciertamente ponen en riesgo esas trascendentales aspiraciones”
La firma de los convenios de traspaso de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad no fue bien recibida por muchos sectores y desató una ola de críticas. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) rechazó la decisión y señaló “el riesgo de que este traspaso y el nombramiento futuro de magistrados obedezca a razones políticas”.
En tanto, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) anunció un nuevo paro nacional contra el traspaso. “No solo viola nuestros derechos y a la Constitución Nacional, sino desguaza la Justicia y con ello todos los argentinos vamos a tener una peor servicio de la misma”, indicó el gremio.
En la última semana se llevaron a cabo reuniones para debatir las modificaciones legislativas, cuestiones de infraestructura y análisis del presupuesto. En este sentido, el presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Enzo Pagani, afirmó: “Nos vamos a poder sentar a charlar y acercar soluciones, teniendo en cuenta que no va a haber afectación salarial, ni cambio de obra social, ni de régimen jubilatorio. No va a haber ningún derecho cercenado”.
Desde el Gobierno estiman que los convenios serán ratificados por la Legislatura en las primeras sesiones del año, y luego en el Congreso. “Desde el momento de la última ratificación correrá un plazo de 120 días y en el día 121 todas las competencias serán ejercidas por la Ciudad. Imaginamos que hacia fin de año vamos a tener el proceso de transferencia ya plenamente en marcha”, destacó Pagani en diálogo con Télam.
En la misma línea, el consejero porteño Marcelo Vázquez manifestó que “más allá del debate entre jueces y sectores del Poder Judicial la realidad es que hay que entender que hay una decisión de una Asamblea Constituyente de modificar el diseño del sistema federal y estatus jurídico de la CABA”.
"Después de 20 años los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires no pueden elegir a sus jueces, a los que van a resolver sus conflictos privados, cuestiones de despidos etc., como sí lo pueden hacer los habitantes de las provincias. La discusión tiene que salir de lo sectorial y equiparar a los habitantes de la ciudad con el resto de los argentinos”, dijo Vázquez en una entrevista en Radio Del Plata.