Ante la falta de vacantes en jardines de infantes públicos, la Justicia de la Ciudad ordenó al Gobierno porteño que otorgue a una familia más de 40 mil pesos para que su hijo pueda acceder a una vacante en el establecimiento de gestión privada. En el caso, el GCBA afirmó que era "imposible garantizar el derecho de acceso a la educación del menor".
El Juzgado N° 15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ministerio de Educación– que otorgue a una familia, mediante depósito judicial, la suma de 42 mil pesos, para que su hijo pueda acceder a una vacante en el establecimiento de gestión privada.
Los padres del menor iniciaron una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) con el objeto de solicitar a la demandada que le otorgue al niño una vacante en el sistema educativo de la ciudad. Los actores explicaron que “recorrieron todos los pasos exigidos, y la única respuesta recibida fue que su hijo se encontraba inscripto en lista de espera”.
Puntualmente, los amparistas manifestaron que “ambos trabajan de forma independiente, revisten la calidad de monotributistas y necesitan con urgencia la vacante solicitada pues de otro modo se verían obligados a contratar una cuidadora o abonar una escuela privada o que alguno de los dos progenitores no trabaje, vedado todas ellas para su economía”.
Durante la audiencia con las partes, el representante del Gobierno porteño expresó que “hacen el mayor esfuerzo posible para garantizar las vacantes a los chicos que la necesitan, pero la realidad es que “los recursos que tiene el estado son limitados, y no tienen más lugar”, y concluyó: “En este momento no podemos brindar ninguna solución”.
En el marco de los autos “Z. D. N. y otros contra GCBA y otros sobre Amparo – Educación – Vacante”, el juez explicó que “ante el inminente inicio de clases y la admisión simple, directa y precisa de la demandada formulada en el curso de la audiencia, respecto de su imposibilidad de garantizar el derecho de acceso a la educación del menor, queda claro que el estado de cosas que evalué primigeniamente respecto de la cuestión cautelar, ha variado sustantivamente”.
Para el magistrado, “se ha incrementado el grado de amenaza del derecho que se pretende tutelar”, ya que “el peligro en la demora en atender la situación y la necesidad de garantizar cautelarmente el derecho a la educación del niño son manifiestos”.
“La verosimilitud del derecho es robusta: el menor es un niño de un año y ocho meses, sujeto vulnerable especialmente tutelado por diferentes plexos deónticos instalados en la cúspide del sistema jurídico”, concluyó el fallo.