Un grupo de inmigrantes chinos fueron estafados al otorgárseles la ciudadanía argentina de manera irregular y que luego les fue quitada por las autoridades. El juez interviniente alegó que "lo engañó" una empleada judicial, que recibió un pena de 3 años de prisión. Hoy los damnificados son apátridas con el riesgo de ser encarcelados o deportados. Diario Judicial dialogó en exclusiva con la abogada del caso.
El 26 de octubre de 2006, un inmigrante chino que ingresó al país en 2002 obtuvo su carta de ciudadanía argentina otorgada y firmada por el juez Bustos Fierro del Juzgado Federal 1 de Córdoba. A pesar que el hombre cumplía con todos los requisitos para obtener la nacionalidad, como no contar con antecedentes penales, su permiso fue revocado tiempo después, ya que fue otorgado de manera irregular.
En el año 2005 se había presentado ante el Juzgado Federal de Córdoba junto a otros ciudadanos chinos e inició el trámite acreditando una residencia mayor a dos años en el país, que no tenía antecedentes penales, ni aquí ni en China y demás requisitos establecidos por las leyes de nuestro país. Es decir cumplía con la ley de ciudadanías N° 346.
Durante 10 años Wei Jiahe fue ciudadano argentino, viajó con pasaporte nuestro país, ejerció el comercio, votó y realizó todos los actos civiles que puede realizar un ciudadano de la República Argentina.
El problema surgió a raíz de la causa caratulada "Borneo Santillán, Olga Liliana s/ Falsedad Ideologica“, donde se condenó a la empleada de la Secretaría Electoral que tenía a su cargo en forma exclusiva la gestión de los expedientes de carta de ciudadanía que tramitaban ante el juzgado,a la pena de tres años de prisión en suspenso por haber cometido los delitos de “supresión de documento público” (3 hechos), falsificación de documento público (41 hechos) y partícipe necesaria de falsedad ideológica (385 hechos), todos en concurso real. Por su parte, el juez que firmó los permisos no fue sancionado porque se consideró que actuó “engañado” en los términos del artículo 34 inciso 1° del CP que excluye la culpabilidad.
Diario Judicial dialogó en exclusiva con Deborah Huczek, abogada de uno de los damnificados y explicó que "más de 385 cartas de ciudadanía se anularon porque el juez adujo haber sido engañado por su secretaria, quien no dio traslado de los expedientes al fiscal para que controlara el cumplimiento de los requisitos".
La especialista en Derecho Penal y Migratorio resaltó que, a raíz de ese hecho, su cliente obtuvo sanciones porque su carta de ciudadanía fue anulada y, actualmente, es una persona apátrida porque al momento de obtener la nacionalidad argentina renunció a la China, ya que ese país no admite la doble nacionalidad, y corre el riesgo de ser deportado o encarcelado.
Debido a esa situación,el Estado le quiere sacar el DNI argentino, la única identificación que tiene actualmente, y fue detenido por parte de Migraciones cuando fue a consultar al organismo como solucionar su grave situación. Tuvo que pagar una fianza de $100.000 para acceder a la libertad.
Huczek relató que su cliente "no puede transitar libremente, no puede salir del país, en definitiva no es nadie, porque se lo ha privado de todos sus derechos mas esenciales. Corre el riesgo de ser retenido y expulsado en cualquier momento, siendo que tiene toda su vida en Argentina".
Las recomendaciones internacionales en materia de apátridas establecen que los jueces deben mantener la ciudadanía argentina cuando, como en este caso, el requirente cumple con los requisitos para acceder de todas formas, ya que la ciudadanía es un derecho (Art. 20 CN).
Este ilícito, llevado adelante por una funcionaria de un juzgado argentino, ha obligado a Wei a contratar abogados para ejercer su defensa ante el Registro Nacional de las Personas, que le anuló el DNI y ante la Dirección Nacional de Migraciones, para que deje sin efecto su expulsión.
Ambos trámites terminaron llegando a la Justicia. La medida cautelar contra la orden de expulsión del damnificado tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nro. 9. Por otro lado Migraciones le hizo una denuncia penal por uso de instrumento falso al utilizar el DNI que le habían otorgado, en la que entiende el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 9.
Según explica la letrada "el Tribunal Oral que revocó su carta de ciudadanía incurrió en un grave error, puesto que no consideró el daño gravísimo que se les estaba ocasionando, a personas que actuaron con derecho de acceder a la ciudadanía, y que en todo caso fueron víctimas de una situación que no generaron. Y lo paradójico es que al juez federal puede perdonársele el hecho de haber incurrido no en más de 385 errores al firmar cartas de ciudadanía supuestamente engañado por su secretaria, pero puede castigarse a un ciudadano común, que no conoce de competencias, que no conoce como es el funcionamiento interno de un juzgado, que se dirigió personalmente ante el juez, y que juró ante él".
La abogada también destacó que en la actualidad muchos inmigrantes sufren este tipo de estafas en el país.