La gobernación santafecina firmó un convenio que busca facilitar la inclusión social de personas en conflicto con la ley penal. Contempla a todos aquellos que hayan cometido delitos menores.
El Ministerio de Justicia, el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal de Santa Fe firmaron un convenio para realizar un trabajo conjunto que permita la aplicación, la gestión y el control de reglas de conducta. Participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Ricardo Silberstein, el fiscal regional Jorge Baclini, por el MPA, y el defensor regional Gustavo Franceschetti, por el Servicio de la Defensa.
El titular de la cartera de Justicia explicó que el convenio "está relacionado con aquellos supuestos en los que se suspende el proceso penal o la ejecución de la pena, con la posibilidad de que las personas involucradas puedan realizar tareas comunitarias y educativas, tratando de integrarlas y de que no vuelvan a cometer un delito”. El plan regirá únicamente para quienes hayan cometido delitos menores y el tipo de tareas variará según el delito cometido.
La dirección de Control y Asistencia Pos Penitenciaria trabaja a través de convenios con municipalidades, organizaciones no gubernamentales y empresas, con lo cual podremos evaluar qué es lo más conveniente para cada imputado. Actualmente hay 4000 personas en la órbita de esta dirección, de las cuales aproximadamente el 40 por ciento podría hacer uso de este convenio”, detalló Silberstein.
Por otra parte, el Fiscal Baclini precisó que "se aplicarán reglas de conducta particularizadas y se permitirá establecer un mayor control y una mejor incorporación de la persona a un plan adecuado que determina la dirección de Control y Asistencia Pos Penitenciaria. Esto significa que las reglas de conducta son específicas al tipo de delito que se ha cometido”.
"También vamos a generar controles más específicos y puntuales, algo que desde siempre fue uno de los objetivos, porque si no parecería que la pena -aún cuando haya caído en suspenso o cuando haya sido una probation queda sin la posibilidad de un control puntual”, agregó el magistrado.
A partir de ahora se organizará un protocolo de actuación entre las partes en relación al Programa de Gestión y Control de Reglas de Conducta, mediante el cual se coordina a los actores que intervienen en la fijación y seguimiento de reglas de conducta en el marco de la suspensión del juicio a prueba o condena de ejecución condicional.