Magistrado en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Darío Reynoso actualmente integra el Consejero de la Magistratura porteño en representación del estamento judicial. Desde 2016 preside la nueva Comisión de Transferencia del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual está cargo del diseño y ejecución de proyectos relacionados con el traspaso de competencias. En diálogo con Diario Judicial, Reynoso defendió la transferencia y opinó que la resistencia de algunos colegas es una “cuestión cultural” ya que “ven como una ‘capitis deminutio’ pasar de ser integrantes de la Justicia Nacional a integrar la Justicia de la Ciudad”.
¿Cuáles son los principales fundamentos en los que se sustenta el traspaso?
Se sustenta, esencialmente, en el artículo 129 de la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994. Corrió mucha tinta sobre los caracteres de la autonomía, pero después de veinte años quedan muy pocos constitucionalistas y juristas que retaceen el carácter autónomo a la Ciudad de Buenos Aires. Hace veinte años empezó el debate del tema del traspaso de la Justicia y hoy nadie discute que la Ciudad tiene que tener su Justicia ordinaria, porque tiene todos los caracteres de una provincial y, en ese contexto, debe tener su propia jurisdicción. Es inentendible, por ejemplo, que en un divorcio los ciudadanos de cualquier provincia vayan a un juez provincial, pero en la Ciudad a un magistrado nacional. A mi modo de ver es injustificable y un cercenamiento a los derechos de los ciudadanos porteños. Entiendo que a veces la gente no visualiza la diferencia y, en definitiva, sus problemas llegan a uno u otro lugar. No obstante, debemos fijarnos en cómo puede incidir el ciudadano en la elección de esos jueces, ya que hoy a los magistrados de la Justicia Nacional ordinaria los elige el Consejo de la Magistratura de la Nación, donde no hay representantes elegidos por los ciudadanos de la Ciudad y son elegidos por senadores o representantes de provincias. Si la elección o eventual destitución fuera realizada por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, la ciudadanía indirectamente participaría en la elección de esos consejeros. No se justifica la existencia de una Justicia Nacional ordinaria en el estado de gobierno autónomo que tiene la Ciudad. Ese no es solamente mi pensamiento o de los actores políticos-institucionales, sino que lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos “Corrales”, “Nisman” y “Sapienza”.
¿Por qué cree que muchos colegas se oponen al traspaso?
Es una cuestión cultural que se vincula con la resistencia de los jueces y funcionarios, quienes ven como una capitis deminutio pasar de ser integrantes de la Justicia Nacional a formar parte de la Justicia de la Ciudad. Esencialmente es una cuestión psicológica que conlleva dicha situación de status, sin perjuicio de la eventual resistencia que todos tenemos hacia lo nuevo, a lo que se agrega que el Poder Judicial de por sí siempre termina siendo muy conservador y con mayor resistencia a los cambios.
Y respecto a los temores sobre la facultad disciplinaria del Consejo de la Magistratura de la Ciudad….
Hasta 2013 la Ley 31, que regula el procedimiento para el enjuiciamiento, requería una mayoría de siete miembros sobre nueve para acusar a un magistrado. Esa cifra fue reducida por la Legislatura a cinco, sin embargo tiene que haber un quórum de seis miembros y al menos uno debe ser un magistrado. Los jueces entendemos que sería recomendable volver a la mayoría de siete y estamos trabajando para eso. Pero aún así, no deja de ser un temor infundado, ya que si uno analiza cuantos magistrados han sido destituidos en estos 15 años del Poder Judicial de la Ciudad, sólo va a encontrar el caso de la Dra. Parrilli.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) afirma que los salarios de la Justicia de la Ciudad están por debajo de los salarios de la Justicia Nacional. ¿Existen previsiones sobre el tema? ¿Habrá que equiparar los salarios de la Justicia porteña a los nacionales?
El proceso es de fácil solución y está garantizado en los convenios que van a mantener el estado de revista, antigüedad y sueldo. Esto genera, además, que los propios jueces de la Ciudad deban equiparar su sueldo en igualdad de condiciones. También se garantiza el tema de la jubilación, ya que la Justicia Nacional tiene la Ley 24018 y, por su parte, la Ciudad aplica dicha ley por un convenio que hizo con la ANSES, es decir, yo como juez de Ciudad voy a tener la misma jubilación que tienen los jueces nacionales. Para los casos no alcanzados por ese régimen, en la Ciudad existe un fondo compensador para las jubilaciones que hace que puedan llegar a jubilarse con aproximadamente un 72% móvil del sueldo que cobraban en actividad. También tenemos un convenio colectivo de trabajo que prevé más derechos que a nivel nacional, por ejemplo, la licencia de los trabajadores varones por paternidad es de 60 días. El año pasado, además, aprobamos el pago por parte del Consejo de la Magistratura de la obra social durante el periodo de excedencia de las madres. Tenemos numerosas ventajas comparativas para mostrar que las condiciones de trabajo en la Ciudad son mejores.
¿Qué sucederá con la carrera judicial de los empleados y funcionarios?
Es una cuestión fácilmente equiparable y perfectamente se puede reescalafonar sin perjudicar al trabajador. Esto va a conllevar en la Justicia de la Ciudad a dictar un nuevo escalafón para compatibilizar, pero de ninguna manera se va a perjudicar al trabajador que vaya a ser traspasado.
El Consejo de la Magistratura de la Nación convocó nuevos concursos que estarían afectados por el traspaso. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Hay una cierta picardía en los actores del Consejo de la Magistratura de la Nación y entiendo que puede haber algún grado de incertidumbre o molestia en los participantes de un concurso que se llamó hace un año atrás. Sin embargo, el problema es que en este proceso de traspaso, que todavía no ha terminado, el Cuerpo acelere el llamamiento a concursos, en mi opinión, con intención de generar algún ruido en la línea. Nosotros no podemos decir nada, más allá de expresar el problema que van a generar a futuro los llamados a concursos e incluso la frustración de los posibles concursantes. Lo más prolijo sería que no se inicien nuevos concursos hasta tanto no se defina el traspaso. Por otro lado, los concursos a nivel nacional tardan años y la Ciudad puede demostrar que los concursos tardan un plazo lógico.
¿Cómo se instrumentará la transferencia de los inmuebles?
Está previsto dentro del convenio el traspaso de ciertos edificios, que no han sido especificados. En concreto nos van a pasar algún edificio, pero nosotros estamos pensando una política distinta, ya que cuando las primeras personas puedan estar acá trabajando en las mismas condiciones, van a ser nuestra mejor carta de presentación. No nos sirve un edificio que está en malas condiciones para mostrar nuestras ventajas comparativas. Queremos brindar a los funcionarios las mismas o mejores condiciones de trabajo, por ello necesitamos edificios que podamos pensar desde cero de acuerdo a nuestras necesidades.
¿Está previsto presupuestariamente?
El traspaso está previsto que sea con recursos, tal como lo prevé la propia Constitución. Esperamos no tener mayores dificultades, obviamente va a requerir un esfuerzo presupuestario de la Ciudad.
¿Cuáles son las principales cuestiones que deberá atender el Consejo de la Ciudad este año?
Este año estamos esencialmente enfocados al traspaso, pero seguimos con las tareas propias del Cuerpo. Actualmente se están desarrollando algunos concursos y, además, estamos trabajando en la reelaboración de un reglamento para la carrera judicial y un reglamento disciplinario para las sanciones internas de empleados y magistrados. El Consejo también realiza muchas actividades para acercar la Justicia a la ciudadanía, por ejemplo, a través de programas en los colegios y barrios carenciados.