Torcuato Sozio es abogado y director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una ONG sin fines de lucro, cuyo objetivo es afianzar una cultura jurídica e institucional que garantice los derechos fundamentales de las personas. En diálogo con Diario Judicial, Sozio advirtió sobre la necesidad de revisar las ferias judiciales y el gasto presupuestario del Poder Judicial. También opinó sobre la situación del Consejo de la Magistratura y la cantidad de jueces subrogantes.
Desde la Asociación han alertado sobre la situación de Consejo de la Magistratura de la Nación, ¿Cuáles son los principales problemas?
El equilibrio entre los distintos estamentos se fue perdiendo y se fue haciendo una utilización política del Consejo de la Magistratura. La Constitución Nacional del 1994 creó la figura, pero si bien habla del equilibro, no establece las pautas y, en consecuencia, derivó en que diversas leyes fueran cambiando la cantidad y conformación de los integrantes. Esto llevó a una politización del instituto, que hizo que se fueran trabando dos aspectos centrales: el proceso de selección y el régimen disciplinario. Tenemos en los últimos años un Consejo prácticamente paralizado que no sanciona y no eleva las ternas para la posterior designación de magistrados. Con un grupo de asociaciones de la sociedad civil, que conformamos la Coalición para la Independencia Judicial, fuimos viendo esta situación y nos llevó a plantearlo ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el 2015. Hoy sentimos que tenemos un Consejo de la Magistratura más receptivo a las inquietudes planteadas y, al mismo tiempo, un Ministerio de Justicia que al menos ha tomado el tema en el programa denominado "Justicia 2020”.
Algunas críticas apuntan a la dedicación exclusiva de los miembros…
En una de las reuniones convocadas por la Coalición para la Independencia Judicial se planteó también que la integración con legisladores lleva a que no puedan cumplir bien su función, ya que están en dos funciones muy relevantes en forma simultáneas. Por ello, se planteó que la representación política nombrara a asesores o personas que los representen en el Consejo. El Cuerpo no tiene la agilidad necesaria, tiene un presupuesto muy elevado y funciones muy importantes, sin embargo, en estos 22 años de funcionamiento no ha dado respuestas. El Consejo sirve y es útil mantenerlo, pero evidentemente hay que cambiar su funcionamiento.
¿Reformar la Ley Orgánica del Consejo sería una opción?
Sin ninguna duda. También debe tener reglamentos que agilicen el funcionamiento del organismo. Por ejemplo, el Consejo tiene un Cuerpo de Auditores, pero si tenés un reglamento que no permite que las auditorías se hagan con agilidad. Entonces yo me pregunto: ¿de qué te sirve? Asimismo, si son pocos auditores, como es el caso, tampoco vas a poder tener un régimen de buen funcionamiento.
¿Cuál es la evaluación respecto a la cantidad de jueces subrogantes?
Hay ciertos fueros que están más recargados que otros y, por tanto, las subrogancias tienen distintos impactos. Los cierto es que si vos no nombras al juez en un juzgado y otro magistrado tiene que subrogar, evidentemente va haber un debilitamiento en el servicio de justicia en los dos juzgados. Nosotros decimos también que a veces los incentivos para corregir las situaciones no siempre están alineados, ya que si vos obtenés un plus económico por ser subrogante, en muchos casos vos no tenés problema y no te molesta hacerlo, pero el servicio se ve afectado. No hay voluntad política para solucionarlo, de modo tal cada juzgado tenga su juez.
Con ADC acompañaron el pedido de auditoría sobre las causas de corrupción demoradas, ¿Qué expectativas tienen?
Para nosotros fue sorprendente y muy positivo que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires tomara la iniciativa y que el Consejo lo aceptara. Posteriormente, pedimos una reunión para garantizar que no fuera simplemente un enunciado genérico y, por ello, solicitamos que hubiera tantos auditores como eran necesarios para que las auditorías se pudieran hacer rápidamente. Obviamente algunos jueces se atrincheran diciendo que si se meten van a estar violando la independencia judicial, pero el Consejo tuvo valentía de mantenerse en la posición, dado que lo que acá realmente se está auditando es si los juzgados funcionan adecuadamente. Yo creo que estas auditorías, que se originan en el hecho de que los juzgados federales tienen un promedio de demora de 12 a 14 años, demuestran que muchos quedan libres de condena porque las causas prescriben. También habría que analizar cuántos son los políticos que hoy están caminando en la calle porque las causas no siguieron adelante correctamente.
En su opinión, ¿Cree que los resultados derivarán en investigaciones por mal desempeño?
Esperamos que la Comisión de Disciplina y Acusación tome cartas en el asunto y surjan situaciones concretas. Esta es una foto de lo que ocurrió durante los últimos veinte años.
La Justicia le pidió al Congreso que nombre un Defensor del Pueblo, ¿Qué opina al respecto?
No sé si la gente tiene conciencia del rol del Defensor del Pueblo. Es un órgano que, de alguna manera, es el abogado de la sociedad, es decir nos defiende frente a violaciones en el sector público en un sentido muy amplio. El Defensor del Pueblo siempre fue un órgano que no tuvo el rol ni la trascendencia que debiera haber tenido. Pero lo más grave, es que cuando termina la gestión del Dr. Eduardo Mondino en el 2009, quedan los Defensores adjuntos durante cuatro años, y no funciona desde el 2013. Podría haber intervenido en la causa “Mendoza” por el saneamiento del Riachuelo, la defensa de pueblos originarios, el desastre de Once, las audiencias públicas por las cuestiones tarifarias, entre muchos temas. No lo nombran porque no se pone de acuerdo la clase política.
En el Congreso se presentaron varios proyectos para que los jueces paguen Ganancia, ¿Cuál es su posición?
Nuestra posición es que tienen que pagar Ganancias. Hay que promover una ley que contemple todos los aspectos.
Y respecto a la feria judicial…
Nosotros creemos que hay que revisar y analizar si es razonable la interrupción que se produce durante la feria judicial. El tema hay que ponerlo sobre la mesa con seriedad, pero no se puede interrumpir el servicio de justicia y que sólo se mantenga para situaciones excepcionales. El ciudadano no puede tener interrumpido el servicio durante un mes; esto no corresponde, ya que el servicio de justicia es demasiado importante como para tener ese beneficio. Después se tendrán que encontrar mecanismos, dado que el abogado y el juez también tienen derecho a tomarse vacaciones, pero el tema hay que estudiarlo con seriedad y no con espíritu corporativo. También está la cuestión presupuestaria, ya que no puede llevar a que los aumentos en el Poder Judicial sean tanto o más altos que en cualquier otra actividad. Los aumentos superaron el 40 por ciento y hay que tener mucho cuidado en el uso de los recursos públicos.