Espera que Ercolini no acepte la posibilidad de que la Procuradora General de la Nación declare por oficio. Alejandra Gils Carbó fue citada, en calidad de testigo, por el fiscal Taiano, en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Quiere que bajo juramento diga si pretendía remover al fiscal de su puesto al frente de la UFI-AMIA, a raíz de la denuncia que iba a hacer contra Cristina Kirchner.
Arroyo Salgado instruyó a los abogados querellantes, que actúan en la causa en representación de sus hijas menores, para que le pidan al juez que en caso de que Gils Carbó se ampare en la prerrogativa de declarar por escrito, no lo acepte, a pesar de que así lo permiten las normas del Ministerio Público.
Según Arroyo Salgado las normas internacionales receptadas por la Constitución Nacional le dan derecho a las víctimas y en este caso a través de sus representantes a dirigir preguntas directas a los testigos, cuestión que se vería frustrada si el juez accediera a permitir que Gils Carbó responda por oficio. La ex mujer de Nisman señaló que esto le restaría espontaneidad a sus dichos y permitiría una cuestión vedada por el Código: que la testigo pueda recibir asesoramiento de sus abogados. En una charla abierta brindada por Arroyo Salgado en el marco de un cicloroganizado por la Universidad Hebrea de Jerusalem en la noche del miércoles pasado, adelantó este pedido al juez.
El fiscal que investiga la muerte de Alberto Nisman, llamó como testigo para que declare en esa causa a su jefa, la Procuradora General de la Nación.
Este pedido de Eduardo Taiano, que tiene delegada la causa por el juez Ercolini, involucra a Gils Carbó, en forma personal en el caso Nisman. Esto es porque el propio fiscal fallecido, en circunstancias que todavía hay que esclarecer, habia expresado reiteradamente a sus allegados de que la Procuradora lo iba a remover de su puesto al frente de la fiscalía especial que investigaba el atentado a la AMIA.
En diciembre de 2004 habría adelantado la vuelta de un viaje que estaba realizando por Europa, para presentar ante la Cámara de Diputados la denuncia contra la ex presidenta Cristina Fernández, supuestamente antes de ser removido de su puesto por Gils Carbó. Para el fiscal muerto, el Memorando acordado por Argentina con Irán era en realidad la concreción de un “plan criminal” que daba en realidad la garantía de impunidad para los imputados en la causa por la voladura de la AMIA.