Frente al avance del proyecto que endurece el régimen de progresividad de la ejecución penal, la Procuración Penitenciaria salió advertir sobre su “ineficacia” y los “graves problemas” que traería su aplicación. "Tras un largo período de encierro carcelario, los condenados serán puestos en libertad en forma abrupta, sin el acompañamiento y supervisión", alertó.
Ante el avance en el Congreso del proyecto que busca limitar las salidas transitorias y la libertad condicional a autores de delitos graves, la Procuración Penitenciaria de la Nación expresó nuevamente su postura acerca de la “ineficacia” de la iniciativa y los posibles “graves problemas” que su aplicación traería aparejada.
La iniciativa no es nueva y cuenta con media sanción de Diputados, pero los legisladores apuraron su debate tras el asesinato de la joven Micaela García a manos de Sebastián Wagner, quien había sido excarcelado a pesar de haber cometido previamente otros dos abusos sexuales. Luego de una ronda de debate y exposiciones, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de Senado está en condiciones de emitir un dictamen para elevar su tratamiento al recinto.
En este escenario, la institución, a cargo de la protección de los derechos de las personas que se encuentran privadas de su libertad, explicó que la propuesta legislativa “elimina el régimen de progresividad de la ejecución penal para la mayor parte de los condenados y lo reduce a su mínima expresión para el resto”, y también plantea la “imposibilidad para determinados delitos del acceso a salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida”.
“El proyecto contraviene los estándares constitucionales de resocialización y reinserción social de los penados contenidos en la actual ley, los cuales fueron reconocidos tanto por nuestra Corte Suprema de Justicia como por la CIDH, y están previstos como finalidad de las penas de prisión en las ‘Reglas Mandela’, que constituyen la normativa de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos”, señaló el organismo presidido por Francisco Mugnolo.
La Procuración advirtió que la “reinserción social se instrumenta mediante un régimen de progresividad de las penas que tiende a la progresiva reincorporación del condenado a la sociedad”, por lo que el proyecto “impediría este retorno progresivo del condenado al medio libre”.
La iniciativa, además, establece un cumplimiento íntegro de la pena para la mayoría de los condenados. “Tras un largo período de encierro carcelario, serán puestos en libertad en forma abrupta, sin el acompañamiento y supervisión del Patronato de Liberados previsto en la actualidad para el instituto de la libertad condicional”, indicó la institución.
Para la Procuración, la eliminación de la progresividad de la pena “no hará más que agravar esta situación”, al entender que “los problemas que se intentan resolver (…) se resuelven con una justicia fortalecida y no fortaleciendo la administración penitenciaria en desmedro del principio legalidad de la pena”.
En este sentido, sostuvo que poner foco en "ampliar las facultades de intervención de la administración penitenciaria" es un “error irreparable”, y concluyó: “La clave no es retroceder en este punto sino fortalecer a la justicia con procesos de ejecución orales, ágiles, que cuenten con equipos interdisciplinarios que den apoyo a las decisiones judiciales”.